La penalización fiscal de las indemnizaciones por despido: una anomalía confiscatoria que España debería corregir – José María Rotellar
España cuenta con una de estas medidas fiscales desde 2014 que, vistos desde lejos, son difícil de defender en términos de equidad, coherencia económica y respeto al propósito de la norma. Me refiero al Límite de 180.000 euros a la exención de indemnizaciones por despido en el IRPF: a partir de ese umbral, lo que excede tributa como ingreso del trabajo. La propia Agencia Tributaria lo deja claro en su manual: la compensación exenta tiene «como límite máximo» esa cantidad.
El problema no es sólo técnico. Es filosofía fiscal y sentido común. Y, precisamente por eso, hay que decirlo sin rodeos: gravar una indemnización legal superior a 180.000 euros es injusto. Y, por la misma razón, ese límite debería eliminarse.
¿Qué se hizo en 2014 y por qué es relevante?
La reforma fiscal de 2014 introdujo el límite de 180.000 euros y estableció su aplicación para los despidos ocurridos desde el 1 de agosto de 2014. Es decir, fue más allá de la simple lógica (compensación legal exenta) a una lógica híbrida (exención parcial y tributación del exceso). En papel, Se vendió como una medida que afectaba a pocos contribuyentes. En la práctica, se convirtió en un peligroso precedente: el Estado pasó a tratar como “capacidad económica” lo que, en esencia, es una indemnización por daños, perjudicando a profesionales valiosos y a quienes habían desarrollado una larga carrera profesional en la misma empresa.
Y aquí está el núcleo del debate: compensación pues el despido no es un premio, ni un ingreso recurrente, ni un retorno derivado de una actividad voluntaria. es un Mecanismo de reparación por pérdida forzosa de empleo.. Confundir «compensación» con «ingresos» conduce a errores regulatorios e injusticias muy específicas.
La compensación no es ingreso: es reparación
El argumento de la justicia fiscal es elemental: si se termina la relación laboral de un trabajador, la ley reconoce un derecho a una compensación (en ciertos casos) precisamente para mitigar el impacto económico de esa ruptura. es un «colchón» que intenta amortiguar la transición: pérdida de ingresos, incertidumbre, costes de búsqueda de empleo y, en muchos casos, un posterior deterioro salarial.
Tratar este pago como si fuera un «extra» comparable a un bono o un salario mensual es conceptualmente erróneo. El salario remunera una prestación voluntaria y actual. La indemnización compensa una ruptura que el trabajador no ha buscado. Por lo tanto, en términos de teoría tributaria, Es difícil justificar que el Estado se reserve un porcentaje importante de esa compensación justo en el momento en el que el contribuyente se encuentra en la situación más vulnerable.
Y hay un agravante: el IRPF es progresivo. Si, por ejemplo, el contribuyente recibe una cantidad elevada en compensación en un año, puede ser empujado a tramos más altos, aumentando la tasa efectiva sobre el exceso. El diseño del impuesto puede convertir un pago excepcional, destinado a cubrir varios años de transición, en «ingresos» artificialmente concentrados en un solo año. No es neutralidad: es distorsión.
Límite arbitrario y obsoleto
¿Por qué 180.000 y no 200.000 o 150.000? La cifra no deriva de un criterio económico sólidosino una decisión política que el ministro Montoro adoptó erróneamente y que su sucesor ha mantenido. Y, como cualquier figura política, envejece mal.
Han pasado diez años desde 2014 y España ha experimentado un ciclo inflacionario relevante, particularmente entre 2021 y 2022, con su año más fuerte en 2023. La consecuencia es evidente: un umbral fijo pierde valor real con el tiempo. La Agencia Tributaria mantiene el límite nominal, pero el poder adquisitivo de esos 180.000 euros de 2014 no es el que es hoy.
En la práctica, esto significa que El impuesto se vuelve más agresivo con el tiempo sin que el legislador tenga que «subirlo«: basta con no actualizar el umbral. Es un aumento encubierto, al que también nos ha acostumbrado el Tesoro al negarse a deflactar el tipo.
Castiga las trayectorias largas y penaliza la estabilidad
¿Quién supera los 180.000 euros de indemnización? Generalmente, trabajadores con mucha antigüedad, salarios relativamente altos y despidos especialmente gravosos. Dicho de otra manera: perfiles que, por definición, han contribuido durante años al sistema (IRPF, cotizaciones, consumo) y al desarrollo empresarial de sus empresas y que ahora se enfrentan a un cambio brusco. Penalizar fiscalmente ese momento equivale a castigar, en parte, estabilidad laboral acumulada.
Además, introduce incentivos perversos en la negociación laboral: empuja a diseñar las salidas de forma menos transparente y alimenta los litigios (la «optimización» fiscal en torno a la estructura de calificaciones y pagos no aparece por casualidad; es creada por la norma). La propia Agencia Tributaria destaca condiciones y matices en cuanto a la desvinculación efectiva y límites legales; cuanto más compleja es la regla, más fricción genera.
No es una cuestión de «ricos»
Una objeción típica es: «Afecta a pocos y a quienes más ganan». Incluso aceptando ese hecho—que es inaceptable— no resuelve el problema moral ni el problema técnico.
Primero, porque La justicia fiscal no se mide sólo por el número de personas afectadassino por la coherencia del principio. Si mañana se decide gravar las indemnizaciones por accidentes de trabajo «a partir del día X», también afectaría a pocos. Y también sería discutible por lo mismo: no son ingresos; Es reparación.
En segundo lugar, porque el criterio correcto no es «quien lo recibe«, pero «lo que se recibe«. Si se trata de una indemnización legal por pérdida de empleo, resulta razonable mantener su exención dentro de los límites establecidos por la normativa laboral (y, en su caso, por resolución judicial o administrativa cuando corresponda).
La solución: eliminar el límite y hacerlo limpiamente
La reforma necesaria es sencilla y, precisamente por eso, potente :vretorno al principio general de exención de indemnización legal por despidosin el límite de 180.000 euros, siempre que se cumplan los requisitos de fondo (separación real y efectiva, cantidades ajustadas a los límites legales, etc.). La normativa ya contiene referencias materiales para evitar abusos; No hay necesidad de un límite impositivo arbitrario.
Si el legislador no quiso –por razones presupuestarias– dar ese paso completo, al menos debería adoptar una medida mínima de honestidad fiscal: indexar el umbral a la inflación desde 2014. Pero vale la pena ser claro: esto no corrige la injusticia subyacente; sólo lo reduce. El enfoque correcto es eliminar el límite..
El Estado tiene derecho a cobrar, porque está asignado coercitivamente a financiar los servicios que presta, pero, por supuesto, no tiene derecho a hacerlo de ninguna manera. Un sistema fiscal serio distingue entre alquiler y reparación, entre capacidad económica y compensación por daños. El límite de 180.000 euros para la exención de la indemnización por despido confunde a estas categorías y, al hacerlo, erosiona la confianza en el sistema fiscal.
Si España aspira a un marco fiscal más racional, menos arbitrario y más respetuoso con el contribuyente, éste es un buen punto de partida: eliminar la tributación del excedente superior a 180.000 euros y devolver la indemnización por despido a su naturaleza original: una compensación, no un botín fiscal.
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