Josune compró una casa en Málaga con la esperanza de que sus hijos tuvieran un hogar donde pudieran estudiar y trabajar. Inicialmente alquiló la casa a un constructor para albergar a sus empleados, pero le presentó a una familia que, después de tres meses, desapareció sin dejar rastro.

La familia okupa siguió pagando parcialmente, pero Josune necesitaba la casa para sus hijos y la solicitó. Después de dos años, lograron desalojarlos, aunque Queda la deuda de 6.000 euros. no pagado. Antes de marcharse, la familia vendió la llave y al menos cuatro personas más han entrado en el apartamento desde septiembre. Josune declaró en el Programa Ana Rosa que: «Ni siquiera sabemos cuántas personas han pasado por la casa».

La ley que no protege

La situación de Josune y de muchas otras familias es desesperada. «Estamos devastados. Ninguna ley nos protege y no podemos hacer nada.«, afirma. A pesar de haber presentado la demanda, no saben cuándo se celebrará el juicio, y la espera prolongada fomenta el sentimiento de impotencia. «Pagaron la llave entre varias personas y ni siquiera sé cuántas personas hay. Los tribunales están colapsados ​​y no sabemos nada de lo que va a pasar.«, explica.

Josune exige a las autoridades una ley efectiva que defienda a los legítimos propietarios frente a los okupas ilegales. «Necesitamos una ley y alguien que nos proteja«Hay muchas familias afectadas por la okupación y hay casos realmente dramáticos», apunta.