MURCIA 20 de mayo. (PRENSA EUROPA)-

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a once personas e investigado a otras dos, por su presunta participación en un fraude millonario contra el Servicio Murciano de Salud (SMS), imputándoles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La investigación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Jefatura de Policía de Murcia se inició el pasado enero de 2025, tras detectarse actividad administrativa fraudulenta en los sistemas contables del SMS.

Fue la propia Consejería de Sanidad de la Región de Murcia la que informó a la Fiscalía de los presuntos hechos tras detectar indicios de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos de Salud.

La presunta red criminal inició su operación ingresando datos falsos en el sistema contable, con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados que no habían sido incorporados al catálogo único de productos, fijar precios de compra muy elevados y dejar de utilizar los productos que estaban autorizados y que tenían un coste mucho menor. Se detectaron al menos una treintena de productos no homologados y facturados fraudulentamente, desde prótesis vasculares hasta material médico fungible.

Los involucrados tendrían conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable, y contarían con la ayuda de funcionarios con responsabilidades en la central de compras de SMS, así como en cargos en el sistema de facturación, lo que unido a la ausencia de licitaciones públicas habría permitido negociaciones directas y arbitrarias con la principal empresa investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los investigadores de la UDEF de la Policía Nacional también detectaron que la mayor parte del fraude se estaría produciendo en operaciones médicas derivadas del Servicio Murciano de Salud a centros concertados, donde se habrían abonado sobrecostes entre el 100% y el 1.287%, facturando por servicios que deberían ser gratuitos y por material sanitario que no se había utilizado, llegando incluso a utilizar productos médicos caducados en operaciones médicas, generando un riesgo para la salud pública.

La investigación, realizada con la colaboración del Servicio de Inspección de Centros Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, ha permitido valorar un perjuicio económico en las operaciones fraudulentas detectadas que ascendería a casi siete millones de euros, en concreto 6.886.738 euros.

Asimismo, se han solicitado a la autoridad judicial medidas cautelares patrimoniales respecto de los principales investigados, bloqueando cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.