Y, sin embargo, el IVA –uno de los impuestos más eficientes del sistema, sólo superado por el IBI– No está diseñado para ser un instrumento de política económica a corto plazo.. Su función es ser el eje vertebrador de la colección y hacerlo de forma amplia, estable y neutral. Convertirlo en una herramienta de emergencia tiene un costo: distorsiona su lógica y erosiona la credibilidad fiscal.

La reciente advertencia de la Comisión Europea no debe interpretarse como un celo burocrático excesivo, sino como un recordatorio de esa inconsistencia. Bruselas ha señalado que la reducción del IVA de los carburantes al 10% viola la directiva comunitaria, que no contempla tipos reducidos para estos productos. No es un matiz técnico: es una limitación estructural del marco fiscal europeo.

El Gobierno español ha defendido la medida como «temporal» y vinculada a la crisis en Oriente Medio, inserto en un ‘escudo social’ bellamente diseñado y casi técnicamente perfecto, según los juglares de Moncloa. Pero aquí surge una pregunta más profunda: ¿a qué tipo de crisis nos enfrentamos? A diferencia de 2020 o 2022, no nos enfrentamos a un colapso de la demanda que requiera un estímulo generalizado. Más bien, nos enfrentamos a una perturbación de la oferta –energética y geopolítica– que aumenta los costos y amenaza con restringir la oferta.

En este contexto, reducir artificialmente el consumo mediante recortes impositivos generalizados no sólo es ineficiente, sino potencialmente contraproducente. La propia Comisión ha insistido en evitar medidas que fomenten el consumo de combustibles fósiles y, en su lugar, optar por el ahorro y la electrificación. No es casualidad: reducir el precio vía impuestos en un mercado tensionado por la oferta puede agravar el problema que se pretende mitigar.

Además, el espacio fiscal del país no es ilimitado. El coste de la rebaja del IVA sobre los carburantes supera los 500 millones de euros en apenas unos meses, dentro de un paquete que supera los 5.000 millones. En un país con una elevada deuda pública y compromisos de consolidación, estas decisiones no son neutrales.

Pero quizás el aspecto más preocupante sea el político. El IVA se ha convertido en un pimpampum: una respuesta rápida, visible y electoralmente rentable que evita decisiones más complejas. Ajustar impuestos especiales, diseñar ayudas específicas o promover reformas energéticas requiere más tiempo y más costo político. La reducción del IVA, por otra parte, ofrece un titular inmediato.

Bruselas, en este caso, no actúa como freno sino como espejo. Refleja una tendencia interna: la sustitución de la política económica estructural por medidas de rápido impacto y dudosa eficacia. Y esa es, en última instancia, la verdadera anomalía.