La guerra al SMI regional ya está declarada en el Gobierno. Una mayoría de los partidos del Senado formado por PP, PSOE, Vox y UPN rechazaron la semana pasada una iniciativa de ERC que proponía, en esencia, la creación de un salario mínimo interprofesional (SMI) catalán y su aumento hasta los 1.460 euros mensuales. La moción, de carácter no vinculante, sólo recibió el apoyo de los propios republicanos y de EH Bildu, mientras que Junts y PNV optaron por abstenerse. La postura de Junts sorprende especialmente desde que el pasado mes de febrero registró en el Parlament un proyecto de ley para crear un SMI de referencia en Cataluña de 1.400 euros para este año, repartidos en 14 cuotas.

El rechazo socialista abre una nueva grieta con su socio de Gobierno, Sumar, y con su actual líder, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que hace unos días confirmó por su cuenta que la Generalitat de Cataluña puede subir el salario mínimo de los catalanes a través de convenios colectivos autonómicos, algo que se puede acordar en el marco de la negociación colectiva a partir de mayo de 2024. Hace dos años se modificó el Estatuto de los Trabajadores (ET) para dar prevalencia de aplicación a los convenios colectivos autonómicos y provinciales sobre los sectoriales estatales, siempre que sean más favorables para los trabajadores y cumplir con las mayorías necesarias.

Por ello, y en respuesta a una pregunta de ERC, Díaz aseguró que en España el Gobierno fija el SMI de forma general, pero que es «un suelo mínimo». «Tienes en tu mano subir el salario mínimo en Cataluña, en Euskadi, en Galicia… Tienes la herramienta en la mano», ha desafiado.

Pero, como siempre, su ambigüedad abre un abanico de interpretaciones, ya que la ministra de Trabajo defiende los acuerdos autonómicos como herramienta para desarrollar sus propios salarios mínimos, pero afirmó que su deber es «proteger la igualdad general de los españoles» y evitar que «lo que quieren los empresarios, que es segregar el SMI a través del artículo 27 del ET, lo bajen».

Díaz también recordó que el salario medio en Euskadi es un 18% superior a la media española, mientras que el catalán está un 6% por encima del nacional, dejando abierta la puerta a un incremento territorial, algo que el PSOE ya ha dejado claro en el Senado que no permitirá, porque implica «una ruptura del marco jurídico laboral y un precedente peligroso para la unidad de mercado. No era una cuestión de cantidad, sino un riesgo de fragmentación de la negociación colectiva», dijeron fuentes socialistas.