La reforma de los tribunales de instancia es inviable sin más personal y más medios, y en Asturias no hemos ni empezado
SPJ-USO ha ganado las últimas elecciones sindicales en la Administración de Justicia siendo elegidas como Delegadas Sindicales Jessica Ramos (que ya lo era) y Andrea Fernández Bobes, por primera vez. Esta Delegada, advierte del caos y la desorganización que viene con la última fase de la reforma de los tribunales de instancia, que entra en vigor el 31 de diciembre: «Es inviable, o dotan de más personal y medios, o es imposible».
[–>[–>[–>Han ganado las últimas elecciones sindicales en la Administración de Justicia.
[–> [–>[–>Hemos pasado de ser los últimos a la primera fuerza sindical en Justicia en Asturias. Obtuvimos 245 votos, por delante de STAG, CSIF, USIPA, UGT y CCOO.
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¿Y a qué se debe ese vuelco?
[–>[–>[–>A la manera que tenemos de hacer las cosas. Somos un sindicato independiente, sin vinculación política ni ideológica. Y no somos un sindicato domesticado. Hacemos el sindicalismo de la manera más honesta que podemos.Somos sobre todo muy cercanos. Estamos muy presentes en los Juzgados. Y los compañeros han respondido.
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¿Están los funcionarios preocupados por la reforma de los tribunales de instancia?
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[–>Estamos preocupados, cabreados, expectantes, porque la reforma que se viene es la mayor que se ha hecho en la Justicia en 36 años y se supone que la última fase, que es la más difícil, porque es la que afecta a los partidos más grandes, a las ciudades más grandes, debería estar el 31 de diciembre y a la fecha en la que estamos está casi todo sin hacer.
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La Viceconsejería dice que en breve empezará el acoplamiento de las plantillas.
[–>[–>[–>Sí. El problema es que para hacer el acoplamiento primero hay que publicar la relación de puestos de trabajo. La reforma supone que los juzgados tal cual los conocemos desaparecen, se forman unos tribunales de instancia y los funcionarios que antes trabajábamos al servicio de los jueces en un juzgado pasamos a unos servicios comunes habilitados en macro oficinas. En esa relación de puestos de trabajo vendrán definidos el número total de puestos, cuántos va a haber en cada servicio y a partir de ahí comienza el acoplamiento. Va a haber una reordenación en la que nosotros participamos de una manera muy limitada. Hay una opción a confirmar tu puesto, si realmente tu puesto sigue existiendo. Los que no, serán reordenados y reasignados. Todo eso hay que hacerlo en seis fases, y en un mes va a ser prácticamente imposible. No vemos la manera de hacerlo.
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Va a haber 25 nuevas plazas.
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Son refuerzos que se han ido creando y sí es verdad que en la relación de puestos se prevé la creación de 20 plazas nuevas, pero 6 de ellas son gubernativas, no son plazas de funcionarios que vayan a trabajar al servicio de los ciudadanos, sino plazas de apoyo a los presidentes de los tribunales de instancia, asistentes personales. Habrá además muy poquitas plazas de atención al público. Se van a crear dos en Oviedo, dos en Gijón, dos en Avilés. Obviamente dos funcionarios atendiendo a toda la gente que asista a los Palacios de Justicia es inviable. Y a Violencia, donde trabajo, van dos en Oviedo y tres en Gijón.
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Parece que las especialidades desaparecen.
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El servicio de Justicia es un servicio muy especializado, en el sentido de que, hasta hoy, el funcionario siempre ha podido escoger el orden jurisdiccional en el que quería trabajar. Al desaparecer los jugados como tales, la especialización se va a perder. Vamos a tener compañeros que a lo mejor han trabajado 20 años en Social, tramitando despidos y conflictos laborales, que no van a poder confirmarse ahí y van a acabar en un servicio de ejecución penal, que no tiene nada que ver con su experiencia. Y eso se pretende hacer de un día para otro, sin formación y convirtiéndonos a todos en comodines, sin valorar nuestra experiencia y profesionalidad.
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¿Hay movilidad territorial?
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En principio, te garantizan tu puesto judicial. Pero viene a ser como el juego de las sillas. Empieza la música, tú empiezas a moverte y va a haber alguien que no tenga silla, y a ese le van a mover a otro servicio con funciones que no hacía.
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Y la figura del Letrado, del director de la oficina judicial.
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El antiguo secretario judicial. Hasta ahora, la mayoría de sus funciones eran procesales y jurídicas. Ahora van a ser más organizativas.
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Van a llevarles de un lado a otro.
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Se intenta convertir la administración de Justicia en otra cosa. Nos veremos sometidos a unas jerarquías en un tipo de organización distinta. Pero en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, lo que se plantea es el problema de la carga de trabajo. En Gijón, además, se va a comarcalizar. A partir de enero, van a llegar los delitos de violencia casi de media Asturias, al asumir Pola de Siero, Villaviciosa, Piloña, Cangas de Onís y Llanes. También los delitos sexuales, incorporados desde el 1 de octubre. La carga de trabajo quizá se cuadruplique, casi con el mismo personal. La previsión es que se refuerce con tres funcionarios y una plaza más de magistrado. A día de hoy hay diez funcionarios y pretenden que pasemos de 1.400 a quizá 5.000 asuntos.
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¿Cómo se saca todo ese trabajo?
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Eso es lo que no sabemos. La reforma es inviable. Quieren derribar una casa vieja y hacer un edificio más moderno, más grande y con más servicios con los mismos ladrillos. Saldrán grietas. O dotas de personal y medios o va a ser inviable.
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¿Mejora la comarcalización la atención a las víctimas?
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Pretende ofrecer un servicio más especializado. Pero esa especialización la aportan también los funcionarios, y a día de hoy, en Gijón, la mayoría son interinos. ¿Cómo se puede pensar que se mejora la atención si lo que se pretende es que una víctima, por ejemplo, de Llanes, venga a Gijón o declare a través de videoconferencia? ¿Cómo se pretende pedir a una víctima que cuente su vida a una cámara? No es un servicio ni humano, ni profesional. Eso es lo que viene.
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Se apunta incluso que se va a posponer la reforma.
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Tanto por los jueces como por sindicatos se ha solicitado. De momento, se mantienen los plazos. Sí hay un rumor de que va a haber una reunión de la Conferencia de Justicia para la tercera semana de diciembre. Lo que salga de esa reunión, no lo sabemos. Ahora hay alguna comunidad autónoma más avanzada, pero desde luego en Asturias no hemos ni empezado.
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Los jueces han planteado participar en la selección de personal, para garantizar su idoneidad.
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Los jueces son Poder Judicial, no intervienen en la administración. Nosotros somos funcionarios, dependemos de la Viceconsejería de Justicia. Por tanto, hay una separación. Somos quienes asistimos en su trabajo, pero ellos no tienen ninguna capacidad de intervenir ni en los procesos selectivos, ni siquiera en cuánta gente vamos a ser, porque las oposiciones las convoca la administración. Tampoco tienen garantía de saber con qué funcionario en concreto van a trabajar, porque se trata de homogeneizar el servicio. Es una situación que a ellos no les gusta porque están acostumbrados a tener su equipo.
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¿Qué vaticina para los próximos meses?
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Mucho caos y una desorganización tremenda, porque esta reforma, si se quería hacer bien, había que hacerla con una transición adecuada, no de un día para otro. El Ministerio de Justicia confía mucho en la inversión que han hecho en aplicaciones informáticas, inteligencia artificial, con los fondos Next Generation de la UE. Pero es que esas aplicaciones, la gran mayoría ni han llegado a los juzgados, depende de cada comunidad autónoma. Si las va a implantar, no hay formación y las pocas que hemos probado no son funcionales. Es un peligro perseguir la eficiencia como objetivo y no como medio. Si hacemos eso, por el camino dejamos de garantizar todos los derechos fundamentales y procesales que son los que sostienen el Estado de Derecho
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