La resolución del CSD alega que la Comisión RFEF-LaLiga «no tenía competencia» en el ‘caso Olmo’ y que su fallo es «nulo»
La resolución de Consejo Superior de Deportes sobre el asunto olmo lo detalla «falta de competición» del Comisión de seguimiento del acuerdo RFEF-LaLiga tomar la decisión de no aceptar la inscripción por parte del FC Barcelona de los jugadores Daniel Olmo Y Pablo Víctor hasta el final de la temporada.
En un documento de 20 páginas al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el CSD adelanta, aunque no aborda el fondo del asunto, la «“nulidad total” porque el acuerdo fue adoptado «por un organismo al que no se le ha concedido tal competencia».
Así, La Liga, que trabaja con el despacho de Uría Menéndez, y la Real Federación Española de Fútbol han cometido varios errores jurídicos graves que motivaron la decisión del CSD de conceder la medida más cautelar al FC Barcelona y autorizar la baja temporal de Dani Olmo y Pau Víctor.
El CSD justifica que LaLiga y la RFEF no fueron escuchadas porque «tal procedimiento supondría una pérdida parcial de eficacia de dichas medidas cautelares», ya que «se impediría la participación de los jugadores en la Supercopa de España».
“Esta competición representa en sí misma una oportunidad para que los jugadores que participan en ella se puedan promocionar debido a las circunstancias en las que se desarrolla”, indica el CSD en su escrito.
Documentos a tiempo
El documento detalla con detalle los fallos de La Liga y la RFEF al denegar la inscripción a los dos jugadores del FC Barcelona.
Asimismo, en la página 8 del documento, el CSD revela que “El FC Barcelona facilitó la documentación certificación del cumplimiento de las normas de control económico para alcanzar el citado equilibrio presupuestario al 31 de diciembre de 2024«.
Es decir, dentro del plazo legal para ampliar las licencias temporales que tenían los dos futbolistas. Sin embargo, el CSD destaca que La Liga sólo comunicó al FC Barcelona «el acuerdo del Órgano de Validación de Presupuestos» el 3 de enero de 2025.
La Comisión de Seguimiento RFEF-LaLiga acordó convalidar que “el día 31 de diciembre de 2024 a las 23.59 horas se cancelaron las licencias de los citados jugadores”. En ese momento ya estaba presentada la documentación del FC Barcelona.
Pese a esta información clara en el expediente, el CSD recuerda que “la cuestión de si la documentación fue enviada a tiempo y si debe dar lugar o no a la prórroga de las licencias será analizada cuando examine el fondo del asunto. caso. » amorío».
Otro error legal de LaLiga y la RFEF según la carta del CSD es que La Comisión de Seguimiento ha emitido una calificación única para las candidaturas del FC Barcelona de fecha 30 y 31 de diciembre y 1 de enero.
Esta única reserva se refiere a la solicitud de tratar las licencias «como registros gratuitos, porque las licencias expiraron el 31 de diciembre de 2024».
Es decir, la Comisión de Control no respondió correctamente a las solicitudes de los días 30 y 31 de diciembre. Además, el CSD indica que «ninguna de las solicitudes» del FC Barcelona ha sido resuelta, «sino que se ha obtenido una decisión sobre otra cuestión, dictada por un órgano que no tiene competencias para ello».
correo electrónico de la RFEF
Esta respuesta del CSD se justifica porque “no existe ninguna justificación ni motivación” para la cancelación de las licencias “aparte de una referencia a la Respuesta de la RFEF enviada al FC Barcelona de fecha 31 de diciembre.
Esta respuesta consta en el expediente de recurso interpuesto por el FC Barcelona y fue remitida desde el correo electrónico del Servicio Jurídico de la RFEF.
«La opinión aquí expresada no prejuzga las decisiones que puedan adoptar las autoridades competentes», dijo la RFEF al FC Barcelona.
Este error del Departamento Jurídico de la RFEF es subrayado por el CSD, ya que «establece que la decisión debe ser tomada por las autoridades competentes».
Sin embargo, posteriormente sólo hubo acuerdo del comité de seguimiento de RFEF-LaLiga, que no tenía competencia para ello.
El 31 de diciembre de 2024, el FC Barcelona solicitó al Departamento de Competiciones de la RFEF que se ampliaran las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor “hasta el 30 de junio de 2030 y hasta el 30 de junio de 2029 respectivamente, en el marco de las medidas que «Estas y no otros son las fechas de vencimiento de sus correspondientes contratos de trabajo.»
Como alternativa, también solicitó la ampliación de las licencias hasta el final de la temporada 2024/2025 o hasta el 3 de febrero de 2025, «que es el día en el que finaliza la venta de fichajes FIFA para los clubes españoles».
«Esta solicitud se realiza con carácter excepcional dada la presión de tiempo que resta hasta el 31 de diciembre de 2024 y con el objetivo de permitir al club ultimar las gestiones oportunas para llevar a cabo los trámites burocráticos previstos y necesarios ante LaLiga por el citado motivo». prórroga”, dijo el FC Barcelona.
La entidad presidida por Joan Laporta concluyó solicitando subsidiariamente que «se autorice al FC Barcelona a, una vez realizados los correspondientes trámites burocráticos ante La Liga, aplicar lo indicado en el artículo 133.1 i) del Reglamento de la RFEF y, en su virtud, proceder liberar a los dos jugadores».
La CDS reconoce que, como se mencionó anteriormente, “Ninguna de estas solicitudes” realizadas por el FC Barcelona ha sido resuelta y al que tampoco se refiere el comité de seguimiento de la RFEF-LaLiga.
Este documento de 20 páginas del CSD, firmado por su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes.Motiva la medida tan conservadora que debe tomar el FC Barcelona porque «la ejecución podría provocar daños imposibles o difíciles de reparar».
El FC Barcelona sufre “una impacto inmediato e irreparable en sus intereses deportivos» y «un daño económico absolutamente irreparable. »
El club que preside Joan Laporta afirmó también que la cláusula octava del contrato de Dani Olmo permite al jugador «desvincularse del club si no está debidamente inscrito en alguna de las ventanas de fichajes».
De haber ocurrido esto, el FC Barcelona no tendría derecho a exigir el pago de «la cláusula de rescisión», que en el caso de Olmo «asciende a 500 millones de euros».
En definitiva, la resolución del CSD es una revisión jurídica de las tesis de LaLiga y sus reglas de control económico. Aunque la patronal que preside Tebas ya ha llevado el asunto a los tribunales, el acuerdo firmado en el seno de la Comisión de Control es muy difícil de avalar por un tribunal deportivo o ordinario debido a la falta de competencia en la materia de dicho organismo.
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