Pero no son los únicos ejemplos. El último es Talgo, en el que después de meses y meses de buscar a un caballero blanco que la salva de su situación crítica, la Sepi Actuará como socio del consorcio vasco que comprará el 29.7% del fabricante de trenes, como se confirmó el martes Lendakari, Imanol Pradales, después de reunirse con Pedro Sánchez.

Sin embargo, es una operación no publicada. La entidad pública que preside Belén Gualda facilitará este conglomerado público-privado un préstamo participativo de 75 millones de euros convertibles en acciones para que puedan refinanciar la deuda de Talgo. Una fórmula que la participación finalmente dirigió el vicepresidente María Jesús MonteroDependiendo del Tesoro, normalmente usa ayudar a las empresas que son el 100% de sus propiedades como ha sido el caso de Navantia, el Naval del Estado que ya debe a su único accionista más de 2,000 millones de euros, pero nunca a las empresas privadas, excepto por la excepcionalidad de la pandemia, cuando había un marco europeo que lo permitió. Este instrumento también podría permitir que el SEPI, y por lo tanto al gobierno, tenga un asiento en la Junta Directiva.

El consorcio dirigido por Sidenor y el gobierno vasco, acompañado por BBK y la Fundación Vital, preguntó al estado a los primeros 150 millones de euros, pero el gobierno lo rechazó, precisamente porque de Bruselas podría verse como una ayuda estatal. Por lo tanto, finalmente será el ejecutivo vasco, junto con otras contribuciones privadas, que pone a los otros 75 millones de euros para obtener el ‘OK’ de las 23 entidades financieras que se acreditan con la deuda de Talgo. Estas exigieron garantías económicas para esto después de que Renfe impuso una multa de 116 millones de euros por los retrasos en los trenes Avril. Es decir, paradójicamente, el dinero proporcionado por el SEPI servirá para cubrir el roto que deja la sanción igualmente impuesta a una empresa pública que depende del ejecutivo.

Control de Indra

Ahora, los casos de Indra y Telefónica han sido diferentes. No han necesitado ayuda urgente del estado para la viabilidad futura, pero cuando se considera estratégico, el gobierno ha ingresado a sus accionistas para tenerlos bajo su control. Por lo tanto, después de despedir a Fernando April-Martorell en 2021 como presidente de Indra para Marc Murtra, un director más relacionado con el PSOE y el PSC, el gobierno decidió tener más presencia en la que se aventuró como una de las compañías clave para su política de seguridad de tecnología, defensa y calor del sector de la moda en el mundo.

En febrero de 2022, el SEPI anunció que había recibido la autorización del Consejo de Ministros para aumentar su participación en el capital de la firma tecnológica del 18.7% al 28%, por lo que asignó 173.56 millones de euros, lo que le permitió aumentar el número de representantes estatales en el consejo, con tres domingos, para contrarrestar la fuerza de los independientes en el cuerpo máximo de la compañía de la compañía. Aunque, comenzó los problemas con precisión, lo que luego dio como resultado la partida de los directores que se opusieron a los nuevos planes del gobierno a través de Murtra y la Directiva de confianza de April-Martorell.

Parecía urgente tener personas de la confianza total de Sánchez al jefe de la compañía, una clave activa para el gobierno, ya que es el principal proveedor de sistemas electrónicos para el sector de defensa española. Un hecho que se extendió a los accionistas, con la entrada posterior del Grupo de Defensa Guipuzcoan Sapa Placencia, controlado por la familia Aperribayy de un notario, reforzando el flanco relacionado con el gobierno en el Consejo de Indra.

El caso de Indra está de alguna manera relacionado con Telefónica, hoy con Murtra En la silla presidencial, que permitió a Ángel escrito -con el 14.3% de la participación de Indra a través del negocio familiar EM & E- A su vez se convirtió en el presidente de lo tecnológico.

Aterrizaje en Telefónica

El hecho es que en marzo de 2024, el estado lanzó su plan para desembarcar en Telefónica después del operador saudita STC Se convirtió en el accionista máximo de la compañía de telecomunicaciones. La razón: defender la español del operador a toda costa. Primero ingresó a través del Sepi Con un 3%, para crecer gradualmente hasta un 10%, invirtiendo alrededor de 2,285 millones para lograr la participación accionaria larga y esperada. La nueva situación sirvió al gobierno para realizar cambios en la junta directiva de la compañía hasta que incluso desestimara al presidente anterior: José María Álvarez-Pallete.

El fondo de rescate

Sin embargo, el mayor desembolso del Sepi Ha estado con el Fondo de Rescate para Strátegic Companies: 2,681 millones de euros. Aunque este es dinero que debe reinstalarse a la entidad pública. Hasta ahora ha logrado recuperar el 30% del total (811.4 millones), pero se producen años críticos en los que 22 empresas deben devolver el 1. 869 millones.

De hecho, la tenencia pública ya ha acordado con algunas empresas rescató una modificación del calendario de devolución como lo ha hecho con las aerolíneas Volotea y Air Nostrum. Pero el caso más flagrante es el de Duro Felguera con el que ya ha acordado dos veces un alargamiento de los plazos para el regreso del dinero. El último ha llegado después de que el industrial asturiano entra en la preocupación de los acreedores. Una situación límite para la cual incluso Duro Felguera le pidió al SEPI que capitalice la ayuda de 120 millones de euros en acciones y tomara el control de la compañía. Un fin que se rechazó, pero eso podría tener que terminar aplicando en otras empresas rescatadas si no logran enderezar el curso.