Existe una pertinaz sequía en el PSOE y en el Gobierno cuando se trata de ofrecer aclaraciones políticas convincentes sobre las múltiples causas judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción que orbitan alrededor de su entorno. Nueve procedimientos abiertos en los tribunales son una cifra que debería provocar una reacción de transparencia inmediata. Nueve. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma; es desviar el tiro y refugiarse en la teoría de la conspiración. Mientras Sánchez simulaba en Italia fe en la justicia, tras la irrupción de Plus Ultra y Zapatero en el terreno del delito, los dirigentes sanchistas han vuelto a echar mano de un recurso tan antiguo como poco eficaz. Comparan la indignación ciudadana con quien zarandea una máquina de vending porque no obtiene la bebida por la que ha pagado. La metáfora resulta tan desafortunada como reveladora. Lo que exaspera a muchos ciudadanos no es una rabieta caprichosa, sino la sensación de que siguen pasando los días sin que lleguen respuestas claras sobre hechos de extraordinaria gravedad. Porque hay algo que nadie discute seriamente: los nombres de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García aparecen asociados a investigaciones que generan una enorme alarma pública. Tampoco se han aportado explicaciones convincentes sobre las campañas de descrédito dirigidas contra jueces, fiscales o miembros de las fuerzas de seguridad encargados de investigar estos asuntos.