Sin embargo, los representantes legales del fondo japonés que han instado a la confiscación del inmueble ya están pensando en el siguiente paso a dar para recuperar parte de los 106 millones que España debe a sus clientes por el impago de un laudo arbitral de renovables: «se organizará una subasta para vender el inmueble al mejor postor y que los acreedores se hagan con los fondos», advierten en un comunicado al que ha tenido acceso ABC.

El fondo Eurus, del grupo Toyota, que invirtió hace dos décadas en una instalación renovable en España atraído por las atractivas primas ofrecidas por el Estado español y que luego se vio afectado por la retirada unilateral de estas por parte del Gobierno, recurrió a la Justicia holandesa para intentar materializar al menos parte de la indemnización de 106 millones de euros que le reconoció un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje.

Los acreedores de España se han aprovechado de que hay jurisdicciones, como Holanda, que asumen como sentencias propias los laudos de los tribunales arbitrales internacionales y que autorizar el decomiso de los bienes del deudor paso a paso para materializar aquellas resoluciones para instar a la incautación de la sede del Instituto Cervantes, una infraestructura cultural a la que el Gobierno no puede atribuir una importancia clave en su política diplomática, que es uno de los argumentos que suelen esgrimir los países para impedir este tipo de movimientos.

La resolución favorable al embargo por parte de un tribunal de distrito de La Haya activó un proceso administrativo mediante el cual un alguacil toma control del bien reclamado por el denunciante y posteriormente se lo transfiere, inscribiendo el cambio de manos en el Registro Público, algo que ya se hizo.

El Gobierno de España ha puesto en marcha la Fiscalía del Estado para intentar bloquear este proceso y espera hacerlo con un simple recurso. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, que ha asumido la representación del Reino de España en todo lo relacionado con la compensación de más de 2.300 millones de euros que decenas de fondos de inversión exigen a España, con el apoyo de laudos de tribunales arbitrales internacionales, por la suspensión de primas a las renovables, atribuyen el cambio de titularidad a «peculiaridades» del ordenamiento jurídico de Países Bajos y entienden que podrán frenar la maniobra.