la transformación de un rincón en Siana, Mieres
De ruina en riesgo de derrumbe a «placina» para el disfrute de los vecinos. La localidad mierense de Siana cuenta con un nuevo espacio público tras la ejecución subsidiaria del derribo de un edificio en mal estado llevada a cabo en los últimos meses. Una “placina”, con bancos, flores y plantas, que «es ya un nuevo punto de encuentro en este núcleo, y que se ubica en el lugar donde se encontraba una vivienda en mal estado».
[–>[–>[–>Un inmueble que tuvo que ser derribado por el Ayuntamiento a través de una ejecución subsidiaria, una actuación enmarcada en el contrato anual que el Consistorio tiene para este tipo de derribos, y que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros al año. En concreto, este derribo supuso una inversión de 15.000 euros.
[–> [–>[–>[–>[–>[–>[–>[–>[–>La ejecución se llevó a cabo por «el estado de ruina que presentaba la vivienda, y el consiguiente riesgo que suponía para la ciudadanía», subrayó la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez. Tras el derribo, «se decidió recuperar el espacio y ponerlo a disposición de los vecinos».
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El derribo del edificio de Siana transformado en plaza. / Cedida a LNE
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Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible se quiere recordar además a los propietarios de inmuebles que es su responsabilidad «mantenerlos en buen estado», y se pide que se tengan en cuenta siempre «los avisos que se hacen desde inspección urbanística, para evitar llegar a la declaración de ruina». La prioridad que se marca a la hora de decidir qué inmuebles se derriban es clara, explicó Jiménez: «Peligrosidad, salubridad y, por último, el ornato». Todo «con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y avanzar en la regeneración urbana».
[–>[–>[–>Desde 2023, el Ayuntamiento de Mieres ha llevado adelante «más de 20 ejecuciones subsidiarias, con un presupuesto de más de 600.000 euros, afrontando así los problemas que estos inmuebles pueden causar». Este tipo de actuaciones se llevan a cabo con autorización judicial y tras su correspondiente tramitación administrativa, «para poner fin al abandono de los edificios». Posteriormente, el pago se reclama a las personas propietarias de los inmuebles, ya que «son las responsables del mantenimiento».
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