La UCO descubre que Aldama ordenó a su testaferro ocultar bienes en Portugal tras quedar libre por el caso Koldo
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectaron que los presuntos cabecillas de la trama de fraude en el IVA de los hidrocarburos, Víctor de Aldama y Claudio Rivas, se valieron del presunto «testaferro» Luis Alberto Escolano para ocultar en Portugal sus bienes, según pone de manifiesto un oficio policial que resalta que algunas de estas operativas se llevaron a cabo después de que el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, dejara libre al comisionista de las mascarillas.
«Es socio de Aldama en distintas mercantiles, tanto asentadas en territorio nacional como en Portugal. Por medio de estas sociedades, Luis Alberto Escolano habría actuado como adquiriente de bienes cuyo uso y disfrute podría atribuirse a los líderes de la organización criminal«, explican los agentes en un informe sobre el considerado como «la mano derecha» del comisionista, cuya participación en la trama era «esencial, no solo por la relación personal con Víctor de Aldama, sino también en su condición de socio […] En entidades comerciales con sede en Portugal. «De hecho, Escolano fue indicado por un acusado como la persona que facilitó su integración en la organización criminal, a la que llamaron» familia. «
Luis Alberto Escolano, uno de los tres socios de Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Nacional el 11 de noviembre. / EFE
En este sentido, la UCO descubrió en una conversación telefónica de la empresaria Carmen Pano con Aldama que este le envía al comisionista «una carta fechada el 1 de septiembre de 2024», emitida por la empresa de la trama Combustibles Lucinala SL, «en la cual se otorgan poderes sobre la mercantil a Luis Alberto Escolano para la realización de las gestiones que sean necesarias relativas al vehículo Range Rover, de modo que pueda ser transferido a la empresa portuguesa Agarrobvio Unnipessoal LDA«, dicen los agentes que especifican que este vehículo de alta gama era utilizado por Claudio Rivas Ruiz-Capillas.
Declaraciones judiciales
Precisamente, en sus declaraciones judiciales, tanto el comisionista en el caso hidrocarburos que instruye el juez Santiago Pedraz como Escolano, en su caso ante el magistrado que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, insistieron en dejar claro que la empresa Agarrobvio Unnipessoal LDA era «100% propiedad» del presunto testaferro, en un intento de desligar esta compañía de Aldama.
Escolano y Aldama / Informe de la UCO
Sin embargo, a través del análisis preliminar del dispositivo intervenido a Claudio Rivas gracias a la operación policial ordenada el 16 de diciembre por el juez Pedraz, la Guardia Civil tuvo conocimiento de una conversación que la empresaria Carmen Pano, y socia de Aldama, mantuvo con Escolano, en relación «al contrato de compraventa de vehículo Range Rover». Este presunto testaferro acaba realizando por ello un pago a Claudio Rivas en representación de la compradora, Agarrobvio Unnipessoal LDA.
Asimismo, los agentes de la UCO han descubierto que el 24 de septiembre de 2024 la mercantil Titans Tennesse SL. también administrada por Escolano adquirió el vehículo Audi A8 que utilizaba Aldama. Este presunto testaferro también compró un Land Rover Defender, por un importe de 131.635 euros, que conducía Stella Duarte Arriaza, la mujer de Claudio Rivas.
Claudio Rivas y el empresario Emilio Carrillo González / Informe de la UCO
Otros delitos
La portuguesa Agarrobvio Unnipessoal LDA también fue utilizada por la trama, explican los agentes, para cometer presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Así, en las cuentas bancarias de Agarrobvio Unnipessoal Escolano recibió 1.401.615 euros de la suministradora instrumental Salamanca Fuel Center. Esta firma realizó por su parte transferencias por un total de 510.000 euros a la empresa Cacera Concejo SL. también administrada por Escolano que aprovechaba, completa la UCO, las mercantiles asentadas en Portugal con las que facilitaba operativas «propias del blanqueo de capitales«.
Además de los envíos de dinero a Portugal de la empresa Salamanca Fuel Center, Agarrobvio Unnipessoal recibió fondos de otras empresas que la UCO vincula a la trama de fraude en el IVA de los hidrocarburos. De esta forma, Escolano era «beneficiario de los fondos que, presuntamente, se habría obtenido, entre otras, con la participación de las empresas Have Got Time SL y Combustibles Lucinala SL. Dichos fondos fueron, posteriormente, empleados por el propio Escolano para expandir y consolidar su propio conglomerado empresarial, contribuyendo así a las actividades de blanqueo de capitales de la organización».
El «hermanito» de Aldama
En sus informes, la Guardia Civil también resalta que el 12 de agosto de 2024 Aldama y «su hermanito», como le denominaba el comisionista, mantuvieron una conversación de Whatsapp en la que constatan que el presunto «testaferro», como le denominan los agentes, custodiaba «documentación sensible» del comisionista de las mascarillas, en concreto un sobre relacionado con la empresa petrolera venezolana (PDVSA). Y el 30 de noviembre ambos se habrían reunido en un restaurante en Calatayud (Aragón). Por eso, la UCO apunta la posible «permanencia en la comisión del delito» de la trama.
Precisamente por esta conclusión policial, el PSOE, que ejerce la acusación popular en el caso de los hidrocarburos que instruye el juez Pedraz, ha pedido que vuelva a ingresar en prisión Aldama, a quien acusa de «ocultar las fuentes de prueba que le incriminan en estos graves hechos«. Esta formación política considera «imprescindible» la prisión provisional del comisionista «para evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento» del caso hidrocarburos.
Asimismo, el PSOE destaca el «peligro» de que los investigados cometan otros hechos delictivos o reiteren los mismos ya cometidos. Y como ejemplo señalan que uno de los cabecillas de la red, en concreto Claudio Rivas, ya se le atribuye «el mismo fraude con otras empresas» con un montante de 136 millones, los que unidos a los 231 millones imputados también a Aldama se elevan a más de 367 millones.
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