Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron en las instalaciones de Tubos recogidos. Las grabaciones se realizaron tanto en la sede de la empresa en Bilbao como en una de sus fábricas situada en Amurrio (Álava), por orden del juez Santiago Pedraz. Al mismo tiempo, los investigadores también preguntaron documentación a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)el organismo que concedió el salvamento público a la empresa.

Según las fuentes del expediente, las acciones se centran en la búsqueda de evidencia documental y no consideran, por el momento, la práctica de detenciones.

Rescate bajo el microscopio

El procedimiento está vinculado al análisis de los fondos públicos concedidos a Tubos Reunidos durante la crisis económica derivado de la pandemia.

La investigación intenta determinar si hubo algún tipo de Intermediación irregular vinculada a la concesión de ayudas por parte de la SEPI y si parte de esos movimientos económicos está vinculado con la supuesta conspiración que investiga la Audiencia Nacional.

El rescate concedido a la empresa asciende a 112,8 millones de euros y forma parte de las operaciones que aparecen reflejadas en los procedimientos judiciales.

Colaboración con investigadores.

Durante toda la mañana varios agentes de la UCO permanecieron en el lugar. Oficinas de la empresa en Bilbao recogiendo información. Fuentes cercanas a la empresa aseguraron que Tubos Reunidos está colaborando con los investigadores y aportando la documentación requerida.

La presencia policial aumentó con Discreción y sin exhibición visible en el exterior. instalaciones.

El nombre de Tubos Reunidos apareció en la causa a finales de 2025, tras la detención de la ex activista socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y considerado cercano al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Según la investigación judicial, los tres formaban parte de un grupo de WhatsApp llamado ‘Hirurok‘, por lo tanto supuestamente promovió acciones encaminadas a influir en determinadas decisiones administrativas y licitaciones públicas.

Una de las operaciones analizadas por la Audiencia Nacional es precisamente las ayudas públicas concedidas a Tubos Reunidos. El juez de instrucción sostiene que podría haber habido Trabajo de intermediación realizado por algunos de los encuestados. para fomentar la concesión de este rescate.

El caso también examina una facturación de 114.950 euros concedidos a Mediaciones Martínezuna operación que los investigadores consideran relevante para esclarecer el camino de los fondos y el papel que jugaron los distintos implicados.

Síguenos en nuestro canal whatsapp y no te pierdas las últimas novedades y todas las novedades de nuestra perfil de google.