La humanidad nunca había sido tan próspera como hasta ahora. Somos más productivos, generamos más riqueza, la pobreza extrema se hunde, la esperanza de vida aumenta, la mortalidad infantil cae… Y todo ello, gracias al capitalismo.

Sin embargo, a pesar de todos estos honores, alrededor del mundo nos encontramos con unas cuantas excepciones. Territorios sumidos en el estancamiento, como las principales economías de Europa, son la prueba irrefutable de que, cuando el Estado planificador y liberticida expande sus tentáculos, cualquier atisbo de progreso se paraliza.

En el Viejo Continente, España es el mejor ejemplo del declive económico e institucional que provoca la injerencia estatal. Libertad Digital lleva 25 años combatiendo sin desfallecer a los enemigos de la libertad fuera y, sobre todo, dentro de nuestras fronteras. Desde el arruinador Zapatero al traidor Rajoy, y ahora, con Sánchez, nos enfrentamos al gobierno de izquierda más radical de nuestra democracia. Por ello, nunca ha sido tan imperioso como hoy batallar contra estos 25 atentados contra la libertad.

1- Subir impuestos

Los impuestos son el arma más abusiva de los políticos para expoliar la riqueza de los ciudadanos. En España, tanto el PSOE de Zapatero y Sánchez como el PP de Rajoy han contribuido sobremanera a la esclavitud impositiva. Las subidas del IRPF, del IVA, de Sociedades o de los Impuestos Especiales (combustibles, tabaco…) se han venido produciendo de manera sistemática a lo largo de las últimas décadas a lo que hay que sumar los numerosos tributos que han decidido incrementar los barones autonómicos o los alcaldes.

Actualmente, el departamento de María Jesús Montero ha cerrado el último ejercicio con otro récord recaudatorio: las arcas del Estado se llenaron en casi 295.000 millones de euros en 2024.

2- Crear nuevos

La creatividad fiscal de los políticos voraces no tiene límites. Cualquier actividad es susceptible de ser gravada para el lucro de la Administración, incluso, una y otra vez con impuestos que generan doble y hasta triple imposición.

El Gobierno de Pedro Sánchez es uno de los que más tributos nuevos le ha impuesto a la población durante su mandato. El impuesto a los envases de plástico, la Tasa Tobin, la Tasa Google o los impuestos «extraordinarios» a banca y eléctricas son algunos ejemplos.

3- Impuestos por la puerta de atrás

Tanto Zapatero como Rajoy engordaron la recaudación por la puerta de atrás con el impuesto en la sombra que consiste en no deflactar la tarifa del IRPF.

El Ejecutivo de Sánchez también se ha negado en redondo a aliviar al ciudadano de los estragos que causa la inflación en el IRPF (deflactar no es bajar impuestos), aunque con resultados más rentables porque, desde 2021 hasta ahora, el IPC acumulado es de casi el 20%. Según cálculos de Funcas, el efecto de no deflactar la tarifa del IRPF y la subida de la recaudación por IVA gracias al incremento de precios ha supuesto golpe para un hogar medio de 1.100 euros en los últimos cuatro años. Por tanto, estamos ante una subida fiscal encubierta y sin pasar por el Congreso que le reporta pingües beneficios al Gobierno.

4- Ataques a la financiación autonómica

Tanto desde el Gobierno como desde diferentes Ejecutivos autonómicos, la izquierda lleva años de campaña contra la autonomía fiscal de las CCAA. En concreto, PSOE, Podemos o Sumar aborrecen que regiones como la Comunidad de Madrid rebajen impuestos a sus ciudadanos, una política económica por la que la autonomía que ahora dirige Ayuso lleva apostando más de 20 años.

Ahora, durante el mandato de Sánchez, se ha producido uno de los mayores ataques a la autonomía de las CCAA obligando a estos territorios a subir el Impuesto de Patrimonio, un tributo de carácter autonómico que ha sido arrebatado.

Y el siguiente será el impuesto de Sucesiones. De hecho, cabe recordar que con Pedro Solbes como ministro de de Economía, el Gobierno de Zapatero ya clamaba por la «armonización» de Sucesiones para obligar a Madrid a subir los impuestos a los herederos, un objetivo que todavía está persiguiendo María Jesús Montero.

5 – Artimañas de Hacienda

Tanto con el PP de Rajoy como con el PSOE de Zapatero y Sánchez los contribuyentes sufren un auténtico régimen del terror frente a la Agencia Tributario. Ante las garras de Hacienda, los ciudadanos están completamente desamparados, ya sean inocentes o no.

Los privilegios del inspector (que no paga las consecuencias de sus actos) frente al inspeccionado son devastadores, al igual que los abusos del organismo recaudador y sus prácticas de hostigamiento.

6- Subida de cotizaciones

Los diferentes gobiernos que han pasado por la Moncloa llevan décadas aumentando la presión sobre empresarios y trabajadores con los impuestos al trabajo. Salvo rebajas puntuales y concretas (por ejemplo, por la crisis del covid), el aumento de las cotizaciones sociales en nuestro país es sistemático, lo que supone el peor castigo al trabajo que puede llevar a cabo un Gobierno.

Eso sí, con José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social, el Gobierno perpetró en 2023 una subida de cotizaciones sin precedentes en España que afecta a los más de 21 millones de trabajadores, empresarios y autónomos del país y que subirá cada vez más todos los 1 de enero a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En 2024, los ingresos por cotizaciones sociales en España alcanzaron los 199.595 millones de euros, superando el máximo histórico del año anterior. La asfixia es total.

7- Más ‘palos’ al trabajo

La excusa de la creación del MEI es la de sostener el aumento del gasto en pensiones que experimentará el sistema próximamente debido a la entrada masiva de los pensionistas nacidos en el baby boom. Sin embargo, como el expolio al trabajo, con la subida de cotizaciones generalizada anterior, no es suficiente para financiar el sistema de pensiones, el Gobierno de Pedro Sánchez se inventó lo que ha llamado «Cuota de Solidaridad». Esta «cuota», que no es más que otro impuesto, consiste en la aplicación un porcentaje extra de cotización en la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización, es decir, la base máxima.

De hecho, uno de los efectos más dañinos para los trabajadores que más ganan es que la base máxima de cotización, que también vienen subiendo sistemáticamente los diferentes gobiernos. Eso sí, con Sánchez esta penalización a los salarios altos ha subido 10 veces más que la pensión máxima y lo seguirá haciendo a mayor ritmo en el futuro. Así, la diferencia entre base máxima y pensión máxima sigue creciendo.

8- Autónomos que dejan de ser autónomos

Otro gran cambio capitaneado por José Luis Escrivá ha consistido en obligar a los más de 3 millones de autónomos de nuestro país a cotizar por sus ingresos reales, lo que supone arrebatarles buena parte de su autonomía. Hasta ahora, el autónomo podía decidir en la base en la que quería tributar, y casi el 80% de los físicos elegía hacerlo por la base mínima. Es decir, preferían pagar menos impuestos aunque eso implicara menos coberturas estatales.

Ahora, con el nuevo cambio, los autónomos deberán cotizar en función de los rendimientos que obtengan cada año y la consecuencia es que los que ingresen más de 1.700 euros al mes pagarán más cotizaciones que en 2022. Al final, el Gobierno acabará recaudando más con esta fórmula.

9- La patata caliente de las pensiones

Las cuentas de la Seguridad Social hacen aguas a pesar de la recaudación récord que viene cosechando el Gobierno. El aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad han invertido la pirámide poblacional española hasta un punto de no retorno. El número de pensionistas sigue aumentando y los que entran en el sistema cada vez cobran más, por lo que a la población activa cada vez le resulta más difícil costear unas pensiones públicas que garanticen el nivel de vida de los recién llegados a la jubilación. Ante esta situación, el Gobierno cada vez tiene que destinar más cuantías de los Presupuestos a la Seguridad Social.

Lejos de intentar reducir este agujero, la reforma de pensiones de Escrivá no contempla una sola reducción del gasto para cuadrar las cuentas del sistema (vuelve a ligar las pensiones al IPC, sube más las no contributivas… ) y solo opta por subir los impuestos. Díez años antes, en 2013, el PP aprobó una reforma de las pensiones que sí desindexaba las pensiones del IPC y contenía las actualizaciones, pero, en 2018, Rajoy la liquidó para aprobar los PGE, por lo que la bomba de relojería cada vez aumenta más sus probabilidades de estallar.

10- Delirio ecologista

Desde Zapatero a Sánchez pasando por Rajoy. En los últimos años, la protección del medioambiente está siendo la excusa más utilizada por los políticos para intervenir la vida privada de los ciudadanos… y sus bolsillos.

Cualquier actividad de nuestra vida cotidiana es susceptible de contaminar, y por tanto, de ser prohibida o gravada. Bajo esta justificación, desde el Gobierno de Sánchez han elevado el Impuesto a los Gases Fluorados (creado por Rajoy) o el de Matriculación. También ha creado un impuesto al plástico, planean subir el diésel y poner peajes a las autovías, además de regar sistemáticamente con subvenciones a todo lo que tiene que ver con las renovables.

Eso sí, aunque España es un alumno aventajado, el delirio ecologista se ha propagado en toda Europa. La guerra al coche emprendida por Bruselas plantea, por ejemplo, la prohibición de la venta de nuevos coches de combustión en 2035, así como todo tipo de impuestos ambientales, como los derechos de CO2.

11- Obsesión renovable

Cabe recordar que, uno de los impulsores de la lluvia de dinero publico hacia las renovables fue Zapatero, que generó una burbuja en el sector, otorgando generosísimas subvenciones para quienes produjeran este tipo de energía y disparando el precio de la factura de la luz. Después, Rajoy eliminaría esas primas, lo que provocó una serie de laudos judiciales entre las empresas afectadas que han llegado a embargar bienes del Reino de España.

La obsesión por las renovables del Gobierno de Sánchez ha llegado hasta tal punto, que el hecho de introducir elevadas cantidades de solar o eólica en el mix energético ha desestabilizado el sistema eléctrico de nuestro país, una de las principales hipótesis que explican los motivos del insólito apagón del pasado 28 de abril.

12- Cierre nuclear

Detrás del fatídico «cero eléctrico» que sufrió el país está la saturación de la red con energía asíncrona (renovables), poco estable, frente a la síncrona (gas o nucleares), que dan más estabilidad al sistema.

Sánchez ha llegado a culpar a las nucleares por tener varios reactores desconectados antes del apagón, una situación agravada, precisamente, por su propio gobierno, que ha disparado tanto la factura fiscal al sector, entre otras barreras, que en muchos casos hacen que no les salga rentable acudir a algunas subastas. En concreto, el Ejecutivo ha aumentado la carga fiscal sobre la energía nuclear más de un 70% en los últimos cinco años, según PWC.

José Luis Rodríguez Zapatero ya se mostró a favor de cerrar las nucleares durante su mandato. Con el PP, el Gobierno cerró Garoña, y con Sánchez, España tiene un calendario inamovible de cierre nuclear a pesar de que el resto de países europeos han dado marcha atrás a la persecución a esta energía limpia, barata y que garantiza el suministro eléctrico.

13- Gasto, deuda y déficit

La adicción de los políticos por el gasto público la deuda y el déficit no entiende de ideologías. Eso sí, no deja de ser irónico que fuera el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que se viera obligado a ejecutar los mayores recortes de la historia ante el inminente riesgo de quiebra del país (congelar las pensiones, recortar el sueldo a los funcionarios…).

Sin embargo, los tijeretazos de Zapatero no lograron enderezar, ni de lejos, las cuentas del país. Tanto Zapatero como Rajoy se anotaron déficits de más del 11%, lo que supusieron descuadres fiscales históricos. Ambos gobiernos se caracterizaron también por ocultar las cifras e incumplir sistemáticamente sus compromisos presupuestarios con Bruselas.

Con Sánchez, el consumo público (en récord) y las subidas de impuestos han influido en que el déficit se sitúe por debajo del 3% (aunque España sigue gastando más de lo que ingresa). Eso sí, la variable de la deuda pública está actualmente en récord superando los 1,6 billones de euros.

14- Más funcionarios

Al igual que el gasto público sirve para maquillar el PIB y el déficit, el aumento del número de funcionarios sirve para cocinar los datos de empleo.

Aunque con el anterior gobierno del PP este número también fue en aumento, desde que gobierna Pedro Sánchez, la cifra de funcionarios se ha disparado en más de 400.000 personas hasta superar los 3,5 millones de empleados públicos.

15- SMI

Aznar, Zapatero, Rajoy… y, ahora, Pedro Sánchez. Todos estos presidentes del Gobierno han subido en mayor o menor medida el SMI durante su mandato. El más contenido fue Aznar y el más agresivo con esta imposición empresarial ha sido Sánchez, que ha subido un 61% este sueldo artificial desde que comenzara a gobernar.

A pesar de que ha destruido empleo, de que ha reducido las contrataciones, de que perjudica a los trabajadores menos cualificados, de que afecta, sobre todo, a pymes y autónomos y de que encarece los precios de los productos o servicios finales, el Ejecutivo pretende seguir incrementándolo en los próximos años.

16- Reducción de la jornada laboral

Al igual que la subida del SMI, obligar a los empresarios a pagar lo mismo a sus trabajadores por trabajar menos también supone un aumento directo de sus costes, que perjudica a las empresas con menores márgenes.

Esta idea es la medida estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura. La líder de Sumar pretende modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, y que ya, este año, la legislación impida a los empleados trabajar más de 37,5 horas a la semana en lugar de las 40 horas actuales. Sin embargo, el rechazo de Junts, porque perjudicaría a las pymes catalanas, podría impedir a Díaz llevarlo a cabo.

17- Encarecimiento del despido

Otro golpe a los empresarios. Yolanda Díaz también tiene encima de la mesa este año implantar el despido «disuasorio» o también conocido como «a la carta».

Esta fórmula consiste en aplicar distintas indemnizaciones (más altas que las actuales) según la situación personal, o de vulnerabilidad, de cada trabajador despedido (la edad, el sexo… ). Actualmente, lo que se usa para calcular la indemnización es el tiempo que lleva el empleado despedido trabajando en la empresa y el salario.

En su reforma laboral, la ministra de Trabajo no llegó a tocar el coste del despido que comenzó a disminuir Zapatero (2010) y generalizó Rajoy (2012). Sin embargo, ahora planea estas otra fórmulas.

18- Expansión monetaria

Aunque a principios del año 2000 nuestro país sufrió algunos periodos inflacionistas importantes, no ha sido hasta 2021 cuando se ha desatado un crisis de precios de extrema gravedad con un IPC acumulado del 20%, en caso de España, desde entonces.

Detrás de situación están las políticas monetarias expansivas, como la del Whatever it takes del presidente del BCE, Mario Draghi, en 2015. Cabe recordar que, en mitad de la crisis financiera que puso en jaque a Europa y amenazó con la quiebra del euro, el BCE disparó las compras de deuda de los países, impulsó el dinero barato y todo tipo de planes de estímulo que alimentaron a los estados despilfarradores y aficionados al gasto como España a cambio de empobrecer a los ciudadanos vía inflación.

19- Fiebre por la burocracia

Desde la Comisión Europea hasta cualquier estrato de la Administración estatal. Ciudadanos y empresas se enfrentan a todo tipo de regulaciones y prohibiciones sistemáticas y cambiantes que suponen un enorme coste de tiempo y de dinero para poder cumplir con el político de turno. En el peor de los casos, los afectados llegan a renunciar a la actividad que intentaban llevar a cabo.

Según el Instituto Juan de Mariana, España está en el puesto 97 del último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios. Esto se debe a España tiene en vigor alrededor de 10.300 regulaciones laborales, entre otra larga lista de trabas.

20- Persecución empresarial

La persecución empresarial a la que vienen sometiendo los diferentes gobiernos a las empresas de nuestro país supone un desincentivo a la generación de riqueza. Eso sí, con Sánchez, el intervencionismo estatal en los negocios ha superado todos los límites. Miembros de su Gobierno han llegado a insultar en reiteradas ocasiones a Amancio Ortega o Juan Roig y hasta su propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto en la diana del fisco al presidente de Ferrovial por sacar la sede de la compañía del país. Si no fuera por la Comunidad de Madrid, que recibe casi el 70% de la inversión extranjera del país, España sería un territorio hostil para la actividad empresarial.

21- Aranceles

Donald Trump ha desatado una ofensiva arancelaria sin precedentes en el mundo. El presidente de EEUU ha anunciado aranceles para Canadá, México, China y la UE, lo que está suponiendo un grave atentado contra la libertad comercial.

Sin embargo, la mayoría de países del mundo ya practicaba la arcaica idea de los aranceles con sus socios comerciales antes de la declaración de guerra de Trump. Hay que recordar que la imposición de aranceles es un error empobrecedor y liberticida. Las principales consecuencias de los aranceles son: subida de los costes de producción, premios a las empresas ineficientes, incentiva las represalias arancelarias, menos crecimiento, menos empleo, menos productividad, subida del precio final. Por tanto, al final son los consumidores del país que aprueba los aranceles los principales perjudicados, mientras que los ganadores son los empresarios menos competitivos y, por supuesto, el Estado.

22- No al dinero en efectivo. Sí al euro digital

En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) acelera sus planes para el lanzamiento del euro digital. «La fecha límite» que se ha marcado el BCE para terminar la «fase de preparación» y pasar a las siguiente es octubre de 2025.

Aunque el BCE asegura en su web que el euro digital «sería un complemento del efectivo y no un sustituto», hay sospechas fundadas de que acabar con el efectivo (o cercarlo todavía más) sería uno de los objetivos de la puesta en marcha de las monedas digitales (también llamadas CBDC). Y es que, una de las claves está en el interés de las autoridades monetarias (y políticas) por acabar por el anonimato en los pagos.

España es uno de los países más restrictivos de Europa en el uso del efectivo. Fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que decidió limitar el pago en metálico a 1.000 euros, aunque anteriormente el Ejecutivo de Rajoy lo había rebajado a 2.500 euros (en 2012).

23- El gusto por la empresa pública

Los 60.000 millones de euros que costó a España el rescate a las cajas de ahorros son la mayor prueba de que la irresponsabilidad (por ejemplo, concediendo créditos a perfiles con riesgo) de unas entidades financieras infectadas de políticos en sus consejos de administración la acabó soportando el contribuyente y no los culpables.

La obsesión de los diferentes Gobiernos por rescatar empresas a diestro y siniestro con el dinero de los ciudadanos no solo premia a las compañías ineficientes, sino que supone un caldo de cultivo para la corrupción. Rescates cuestionables, como el de Air Europa, enchufismos escandalosos, como el de Jésica, son solo algunos ejemplos.

24- Turismofobia

La turismofobia se extiende por toda España a pasos agigantados. Fue en Canarias donde comenzaron las primeras protestas contra el turismo el año pasado. Manifestaciones de corte similar no tardaron en propagarse por otras regiones españolas meses después, destacando los episodios de Cataluña y Baleares.

El caso más grave de esta guerra a la actividad que más riqueza genera en nuestra economía se dio en Barcelona a raíz de una descontrolada manifestación contra el turismo en la que sus protagonistas llegaron a acosar a visitantes y a precintar locales de restauración. La izquierda, a través de estas protestas y de la persecución a otras actividades, como los pisos turísticos, está en plena persecución de nuestra gallina de los huevos de oro: el turismo

25- Ocultar la verdad… y mentir

A la hora de reconocer la crisis ante los ciudadanos, Sánchez ha venido dando los mismos pasos que su gran referente, José Luis Rodríguez Zapatero: ocultación, la negación, el disimulo y, finalmente, la confesión victimista echando la culpa a tercero. Eso es lo que ha ocurrido con la crisis inflacionista que ha azotado el país o con el desplome económico tras la llegada del coronavirus.

No querer reconocer que hace aguas el sistema de pensiones (la mayor partida del Estado) también es otro de los ejemplos de la falta de honestidad política a la que nos enfrentamos.

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