Santos Cerdán permaneció libertad provisional en un momento en el que su postura procesal se endurece tras el reciente informe de la UCO, un escenario que afecta también al exministro José Luis ábalos.

La derivación judicial del asunto Koldo se dirige ahora hacia un punto decisivo tras las acusaciones populares ha enviado su expediente de calificación, en el que exigen sanciones de Hasta 30 años de prisión para Ábalos y por el que fue su asesor, Koldo García.

La petición, impulsada por el Partido Popular y apoyada por Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Adade e Iustitia Europa, aumenta significativamente las sanciones propuestas por la fiscalía anticorrupciónlo que exige 24 años para Ábalos y 19 años y medio para García.

Para el empresario Víctor de Aldama, que los investigadores colocado como comisionista y que colaboró ​​en el asunto, piden siete años de prisión tras aplicar la atenuante de la confesión.

Seis delitos y la solicitud de prisión preventiva

El documento atribuye seis delitos a Ábalos y García: organización criminal, corrupción, tráfico de influencias, falsificación de documentos, prevaricación y malversación de fondos. Además, los cargos argumentan que solicitarán su inmediato ingreso en prisión preventiva, medida cautelar que consideran necesaria dada la gravedad de los hechos que describen.

La presentación de estos escritos responde al auto dictado el pasado 3 de noviembre por el magistrado de la Corte Suprema Leopoldo Puente, instructor del caso, quien acordó someter a juicio la pieza centrada en el compra de mascarillas durante la pandemia. Según el juez, Víctor de Aldama tenía «información previa y privilegiada«sobre la emergencia sanitaria que permitió a su empresa, Soluciones de Gestión, presentar una oferta encaminada a conseguir dos contratos públicos: uno con Puertos del Estado para el suministro de ocho millones de mascarillas y otra con Adif por cinco millones más.

En su resolución, el magistrado sostiene que Aldama garantizó estas recompensas a través de diferentes indemnizaciones dirigidas a Ábalos y Garcíaque incluía todo, desde pagos en efectivo hasta alquiler de bienes inmuebles. Esta supuesta relación de favoresSegún la instrucción, consolidó un circuito de trato preferencial que se habría repetido en otras administraciones y decisiones administrativas.

Un escenario legal complicado

La acusación popular, articulada en torno al PP, considera que todas las actuaciones investigadas constituyen una conspiración que tenga suficiente relevancia criminal para justificar la imposición de las sanciones solicitadas. Su propuesta va más allá de las exigencias anticorrupción, aunque coincide con la fiscalía en pedir que se celebre una audiencia para revisar las medidas cautelares ya vigentes, entre ellas la retirada de pasaportes y la obligación de comparecencias periódicas.

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