las claves de la orden del Principado para retirar el monumento del Simancas
Si en cuatro meses la Compañía de Jesús no retira del colegio de la Inmaculada el denominado monumento a los Héroes del Simancas lo hará de forma subsidiaria el Gobierno de Asturias, pasándole la factura a la propiedad y tramitando al tiempo un expediente sancionador. Ese es el primer plazo al que se hace mención en la resolución que acaba de oficializar la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que lidera Ovidio Zapico (IU), ordenando la eliminación del espacio público de la obra por ser «un símbolo de exaltación del franquismo».
[–>[–>[–>Otro plazo que aparece en la resolución es el de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra esa decisión con la posibilidad previa de interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. El camino que parece que seguirá la Compañía de Jesús, cuyas alegaciones contra esa retirada no han sido aceptadas por el Gobierno de Asturias.
[–> [–>[–>Pero más allá de la decisión tomada por la Consejería y sus plazos de ejecución, están los argumentos que le dan sustento. Para empezar el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica en materia de memoria democrática a la que ya hacía referencia la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) en julio de 2024 cuando solicitó formalmente la retirada de la escultura del antiguo Cuartel de Simancas, y actual colegio de la Inmaculada. A la propuesta de Famyr se han sumado otras entidades memorialistas y personalidades de la política y la sociedad de Asturias y fuera de Asturias.
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En los antecedentes de hecho de la resolución también se rechaza que la retirada pueda ser frenada por valor artístico de la obra de Álvarez Laviada y por su inclusión en el Catálogo Urbanístico del Ayuntamiento de Gijón, que es precisamente el argumento que ha utilizado el gobierno municipal de Foro y PP que preside Carmen Moriyón para rechazar la operación. En cuanto al valor artístico, un informe de la consejería de Cultura solicitado por la de Derechos Ciudadanos establece que ni es Bien de Interés Cultural (BIC) ni figura en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
[–>[–>[–>Una protección integral que se limita a la iglesia
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¿Y que pasa con su protección desde el Catálogo Urbanístico de Gijón? Pues que tampoco se da por buena desde el área de Memoria Democrática del gobierno autonómico. Por un lado, en la resolución se explica que el nivel de protección integral se limita al edificio de la iglesia, no al elemento escultórico que tendría un nivel de protección 2 o parcial.
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Al ser el monumento un añadido en 1958 a la reconstrucción original del edificio en los años cuarenta se entiende que no tiene la protección que en fachadas da el Catálogo a modificaciones históricas anteriores a 1950. Pero es que, además, se indica en el documento, la ficha del Catálogo municipal sobre el colegio de La Inmaculada no hace mención a esta obra ni a su valor histórico-artístico y en los niveles de protección 2 se contemplan expresamente hasta demoliciones.
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[–>Que no es, y se deja claro en el documento, lo que se ordena en este caso. No se pide demoler el conjunto escultórico. Se pide que se retire del espacio público y se deposite o instale en un «ámbito estrictamente privado sin que se proyecte a vías o espacios públicos».
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Recién incluida en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática
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Otro elementos a favor de la retirada del monumento es su inclusión en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, ejecutada el pasado mes de marzo por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En el informe que lo avala se especifica que no hay razones «artísticas o arquitectónicas suficientes para justificar su mantenimiento», que no cabe la resignificación «mediante simples elementos interpretativos ya que su eficacia sería limitada para neutralizar su significado» y que lo «procedente es apostar por su retirada del espacio público». Eso sí, una retirada que requeriría de las pertinentes autorizaciones del Ayuntamiento.
[–>[–>[–>La resignificación con la instalación de placas que dieran contexto histórico al monumento, como ya se hizo en la Laboral, fue la opción que presentaron los Jesuitas en su alegación, que rechazaron las entidades memorialistas y que no contemplan la actual resolución del Principado.
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