escándalo en alicante. Escándalo con la primera promoción de viviendas de protección oficial en la provincia de Alicante. En uno que ofreciera apartamentos protegidos a precios asequibles. Dirigido a personas con ingresos limitados, con dificultades para acceder al mercado inmobiliario. Escándalo porque estas propiedades se han desperdiciado, cosas de la vida, a altos cargos del Ayuntamiento y a un arquitecto municipal.

Cargos como el de Rocío Gómez, hasta ahora concejala de Urbanismo, que afirmó en las redes sociales que era su «objetivo» para «garantizar el acceso a la vivienda a todos los alicantinos». Tal fue su compromiso con la causa que No quería quedarse sin uno de estos apartamentos.

Una vez conocido el caso, Gómez, de baja por maternidad, ha presentado su dimisión. El Ayuntamiento de Alicante ha explicado que hasta ahora ha tomado la decisión de «hacerse a un lado del cargo para que la investigación pueda seguir su curso sin intromisiones de ningún tipo». Además, asegura «han aportado toda la documentación que se les ha solicitado.»

En ese sentido, Gómez insiste en que se registró en una cooperativa de vivienda en La Condomina, en la playa de San Juan, antes de entrar en política.

Además de ella, los dos hijos de la directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman, que también ha presentó su dimisión.

Ante esta situación, Luis Barcala, alcalde de Alicante, ha afirmado que acudirá «a la Fiscalía si hay el más mínimo indicio de responsabilidad». «Quien caiga»expresó, mostrando su desconocimiento de lo que hoy se conoce como la trama del VPO.

La cooperativa, por su parte, ha asegurado que la decisión no es suya y pretende el Departamento de Vivienda. «Allí se verifican las exigencias de los adjudicatarios con los datos de Hacienda», afirman.

Por su parte, Pérez Llorca ha afirmado que todo está en orden y que está comprobado que todos los adjudicatarios «Cumplen con los requisitos.»

La oposición ha apuntado a los ‘populares’ en el caso, que dice demuestra que la prioridad «la tarjeta PP antes de los requisitos», pidiendo y exigiendo explicaciones tanto al alcalde como al Gobierno de la Comunidad Valenciana.

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