El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 introducirá una enmienda a la Ley de Servicios de Atención de Clientela para evitar llamados inseguros para fines comerciales. Con esta reforma, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico, es decir, usar un prefijo telefónico específico. De esta manera, las compañías telefónicas podrán bloquear todas las llamadas de empresas que no usan ese código.

Para que esta medida sea efectiva, el gobierno adaptará el plan de numeración nacional, creando nuevos prefijos telefónicos que faciliten la implementación a nivel técnico del nuevo sistema de identificación y bloqueo. «Habrá un prefijo para identificar todas las llamadas comerciales, que no tienen ese código se bloqueará», explicó el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una entrevista en la cadena Ser. Además, el Ministro enfatiza que la pantalla de nuestro teléfono móvil nos dirá que es una llamada Spam: «Cuando nos llamen desde ese prefijo, parecerá que es una llamada comercial».

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy también ha introducido otra enmienda para declarar anular todos los contratos que se firman a través de llamadas telefónicas no consentidas y obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas.

El consumo también finalizará los gastos de gestión

El consumo obligará a las empresas a incluir los gastos de gestión en el precio final de los productos y servicios. La ley general para la defensa de los consumidores y usuarios incluirá específicamente que los gastos de gestión potenciales en, por ejemplo, la compra de boletos debe incluirse en el precio final.

De esta manera, como Lasxta ha podido avanzar, está destinado a terminar la práctica habitual que los consumidores encuentran cuando se están preparando para realizar una compra de este estilo y terminar viendo que hay un gasto adicional adicional sobre el precio final cuando el pago está a punto de formalizar.

Por lo tanto, la ley reflejará que el precio final debe parecer completo «, incluidos los impuestos, desglosados, cuando sea apropiado, la cantidad de aumentos o descuentos que se aplican a la oferta y los gastos adicionales, incluidos los posibles gastos de gestión, que se repercieran al consumidor o usuario.

También están prohibidas las renovaciones de suscripción automática

La semana pasada, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció que terminará la renovación automática de aquellos ciertos contratos que están firmados, por ejemplo, a través del móvil con aplicaciones y que están sujetos a renovación.

De esta manera, las empresas deben informar al consumidor con 15 días de anticipación, antes del vencimiento de la fecha límite para comunicar la voluntad de no renovación, el vencimiento de dicho período y las consecuencias de no comunicar la cancelación de la renovación.