Las deportaciones masivas y la líneas dura contra la inmigración irregular copan la campaña de las elecciones en Alemania
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«La única buena noticia estas semanas es que, pese a la alarma por los ataques cometidos por refugiados, el partido que está subiendo en los sondeos es el nuestro, que no promete expulsiones masivas de inmigrantes irregulares«, explica Gregor Gysi, candidato y fundador de Die Linke, La Izquierda. Hasta hace poco, su formación, una fusión entre el postcomunismo de Gysi y la disidencia socialdemócrata de Oskar Lafontaine, estaba bajo el listón del 5% necesario para asegurarse escaños en el Bundestag (Parlamento). De pronto ha subido al 6% o incluso el 7%, impulsado por veteranos como Gysi y una presidencia rejuvenecida, cuyo rostro es Heidi Reichinnek. Mientras Gysi practica la campaña clásica, con mítines en su distrito berlinés de Treptow-Kopenick, en el antiguo sector comunista, Reichinnek se dirige a sus seguidores a través de Instagram y TikTok. Su indignada intervención en el Bundestag, tras el voto cómplice de la ultraderecha a una moción de política migratoria del bloque conservador de Friedrich Merz, captó 29 millones de clics.
De Linke parecía condenada a convertirse en extraparlamentaria tras las elecciones nacionales del próximo domingo. Haber subido por encima del listón del 5% es un pequeño milagro, tras el desgarro provocado por la escisión de la izquierda populista y prorrusa capitaneada por Sahra Wagenknecht. Pero es apenas una gota de agua en la marea de propuestas restrictivas en materia migratoria del resto del espectro parlamentario. La Izquierda de Gysi es el único entre los partidos del Bundestag que concentra su campaña en la escasez de vivienda pública, la lucha contra la especulación inmobiliaria y los efectos de la inflación en la cesta de la compra. Problemas acuciantes del ciudadano común, en una potencia en recesión y con creciente precariedad.
Ocupa el quinto puesto en los sondeos. La primera posición, con una intención de voto del 30%, es para Friedrich Merz, quien promete deportaciones en caliente y cerrar la entrada en el país a la migración irregular. Le sigue la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), 10 puntos por debajo. Su candidata a la Cancillería, Alice Weidel, clama en cada uno de sus mitines contra «la inmigración descontrolada» formada, según ella, por «atacantes a cuchillo, violadores en grupo y yihadistas». Responsabiliza de su llegada al país a la política migratoria practicada en la era de Angela Merkel. La tercera posición, con un 15%, es para los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, que alerta de que los propósitos de Merz vulneran el derecho al asilo, la línea migratoria de la UE y las leyes alemanas. En cuarta posición están Los Verdes, con un línea migratoria similar a la de sus socios socialdemócratas. Ambos coaligados defienden que bajo su gestión se ha reducido el número de nuevos demandantes de asilo e incrementado las expulsiones de refugiados sin perspectivas de ser acogidos, radicalizados o que hayan incurrido en delitos graves.
El número de expulsiones materializadas en 2024 subió a 20.084, un aumento del 21 % respecto al año anterior. El de las que no llegaron a ejecutarse, por razones humanitarias, fallos o problemas burocráticos, sigue sigue mayor: 33.717. Por cada persona que se deportó entraron en el país 15 solicitantes de asilo, recuerda Merz. El año pasadose registraron 329.000 nuevos peticionarios, según el departamento federal de Migración y Refugiados (BAMF), lo que sube a 3,5 millones el número de refugiados que viven en Alemania. En ese total no se incluye al millón largo de ucranianos llegados por la guerra de agresión rusa, ya que están exentos de los trámites de solicitud de asilo.
Ataques y retórica ultra
Cada una de las últimas campañas electorales alemanas se ha visto sacudida por ataques cometidos por refugiados, muchos de ellos pendientes de expulsión, a veces con transtornos psíquicos, con trasfondo yihadista o incluso por islamofobia. Los comicios europeos de junio del año pasado quedaron bajo el impacto de la muerte a cuchilladas de un policía a manos de un afgano, en Mannheim. Le siguió en agosto, poco antes de los comicios regionales en el este, el ataque de un yihadista sirio contra una fiesta popular de Solingen, con tres muertos. En diciembre, un saudí irrumpió con un potente SUV contra un mercadillo navideño en Magdeburgo, con seis muertos. Hace unas semanas, otro afgano mató a un niño de dos años y un adulto en un parque de Baviera. Ya en plena campaña, otro niño de la misma edad y su madre murieron tras el atropello múltiple de otro afgano en pleno centro de Múnich.
El Gobierno de Scholz reanudó las deportaciones de afganos con delitos graves a su país tras los ataques de Mannheim y Solingen. A cada uno de los siguientes atentados ha respondido el canciller con el compromiso de acelerar las expulsiones, incluidas a Siria y Afganistán. Pero para el bloque conservador de Merz como para la AfD nada ocurre al ritmo requerido. Hay en Alemania unos 400.000 afganos y cerca de un millón de sirios, en su mayoría llegados desde la crisis migratoria de 2015. Unos 220.000 vieron rechazada su petición de asilo, pero siguen en Alemania en régimen de protección subsidiaria o ‘tolerados’. Unos 46.000 están pendientes de expulsión.
«Hay una situación de descontrol. Es indiscutible. Pero las deportaciones masivas no son viables ni necesarias, bastaría con agilizar las de los individuos peligrosos, radicalizados o con transtornos», afirma el analista y experto en migración Gerald Knaus. La pregunta es cómo hacerlo. Los poderes locales, a los que compete la acogida de nuevos refugiados, están desbordados y sin medios.
La viabilidad de propuestas como las prometidas en campaña por el conservador Merz o el socialdemócrata Scholz es discutible, apunta Knaus. En ningún caso, sin embargo, pueden esperarse soluciones de la AfD, cuyo auge electoral se fundamenta en su capacidad para aglutinar descontentos, del orden que sea, no en resolver los problemas complejos, como la política migratoria.
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