Después de ver caer el proyecto ley de reducción de jornadaLa ministra de Trabajo pone sobre la mesa una subida del salario mínimo con una condición que tiene un matiz clave: empresas que suban el SMI Sólo pueden hacerlo con el salario base.; y el resto de partidas de la nómina no pueden utilizarse para absorber este aumento, quedando un resultado de nómina similar al que tenía el trabajador hasta ahora.

Esta es una de las afirmaciones que UGT y CC.OO. se lo habían venido reclamando al Trabajo en las últimas mesas de diálogo social del SMI, aunque el Gobierno nunca se había planteado aprobarlo. Pero esta vez, Díaz, que va «a la ofensiva», como recuerda periódicamente, la ha recuperado y está dispuesta a hacerlo provocando un «agujero», como anticipan las empresas, especialmente las pymes. Además, los empleadores CEOE y Cepyme Consideran ilegal hacerlo por real decreto sin la aprobación del Congreso.

Ante el desconocimiento de cómo será finalmente este reglamento, las negociaciones de muchos acuerdos caducados o iniciados para actualizarlos están congeladas, admiten fuentes del diálogo social. Sin saber cómo se configurará el nuevo SMI, en la medida en que afecte al salario base o se integre con los complementos, los empresarios se muestran pausar el diálogo con los representantes de los trabajadores a la espera de una resolución que llegará en las próximas semanas y que les permitirá tener más claridad sobre el futuro del coste de la masa salarial, indican estas mismas fuentes.

No es novedad que la firma de convenios colectivos esté paralizada a la espera de una normativa del Ejecutivo. Ya pasó el año pasado. y durante el primer semestre de este año por la reducción de jornada a 37,5 horas que había impulsado el Ministerio de Trabajo en un proyecto de ley que finalmente fue derrotado en el Congreso a principios de septiembre.

trabajadores esperando

Las dudas sobre cuál sería la jornada que fijaría definitivamente la legislación también paralizaron los acuerdos de miles de trabajadores en toda España hasta que se conoció la resolución y, a partir de ahí, negociar nuevos salarios y condiciones laborales en aquellas empresas o sectores de actividad que aún tenían que renovar o crear un convenio laboral.

Los meses en los que este proyecto, que fue considerado por la vicepresidenta segunda como su ley estrella para esta legislatura, deambuló de la negociación al anteproyecto, al Consejo Económico y Social y finalmente a las Cortes, la negociación de acuerdos también se estancó.

El reguero de conversaciones, contactos, comunicados, filtros regulatorios y procedimientos legislativos sobre la implementación de la reducción de jornada ha erosionado la negociación entre sindicatos y patronal hasta tal punto que dejó a unos 700.000 trabajadores con su acuerdo sin renovar en los últimos dos años hasta el pasado mes de septiembre, cuando Junts, PP y Vox vetaron la ley en la cámara baja. Era el grupo de empleados que estaban incluidos en casi 300 convenios de empresa los que habían quedado intactos por la incertidumbre generada por el desconocimiento de cómo quedaría la ley. «Si no supiéramos qué iba a pasar con las 37,5 horas «Era imposible abordar este tipo de negociaciones», afirman fuentes patronales en lo que consideran un resumen de la estela que ha dejado el fallido proyecto de ley desde que fue anunciado a finales de 2023 hasta el veto definitivo de ayer en el Congreso.

Hasta después del verano, con los últimos datos sobre convenios colectivos del Ministerio de Trabajo sobre la mesa, referidos a octubre, y comparados con el mismo mes del año pasado, prácticamente se han firmado los mismos acuerdos que el año pasado en ese mismo periodo. Estas empresas emplean a unos 2,3 millones de trabajadores.

Más apoyo financiero durante el tiempo de inactividad

Esta situación respecto al SMI se suma a otra circunstancia que también genera dudas a la hora de acordar los nuevos acuerdos. La dislocación que el incapacidad temporal en cuanto a casos El impacto económico acumulado y para las empresas y la Seguridad Social se está convirtiendo en un obstáculo a superar a la hora de renovar parte de los convenios colectivos en negociación entre empresarios y sindicatos.

Una parte de los convenios han incluido históricamente estos complementos informáticos, que se pusieron en marcha hace años cuando la realidad laboral era muy distinta a la actual, sobre todo por el aumento exponencial de las bajas laborales que existe actualmente. La radiografía de la incapacidad temporal dibuja un camino que se acumula Cada día hay más ausencias, de corta o larga duración. y con un coste cada vez mayor para las empresas y las arcas públicas.

La estimación del sector apunta a que este año se destinarán más de 33.000 millones de euros para cubrir estas contingencias, que alcanzarán los nueve millones de bajas en 2025. Junto al récord de afiliados hay otro récord de bajas, que aumentó a 9,2 millones en 2024, con un incremento del 78% en el mismo periodo; la prevalencia de bajas laborales activas alcanzó un máximo histórico de 53,3 por cada 1.000 trabajadores; y las bajas laborales de larga duración (las de más de 365 días), que también marcaron un hito estadístico, duplicándose respecto a 2019.

Esta circunstancia está provocando que algunas empresas se estén replanteando los complementos que tienen en sus convenios para cubrir estas contingencias ya que, en algunos casos, superan el 100% de la base regulatoria. frente al 60% que ofrece la Seguridad Social en esas contingencias. Sin embargo, los sindicatos se oponen a modificar esta parte de los acuerdos al considerar que puede provocar discriminación entre los trabajadores por motivos económicos a la hora de afrontar las bajas laborales.