La frase es de Gerardo Sánchez Revenga, presidente de la Asociación de Empresas Contratantes de las Administraciones Públicas (Aesmide), que junto con la otra gran patronal de la industria de defensa, Tedae, lleva años reclamando un marco de contratación específico para el sector y ahora ha confió un documento básico a la oficina de Garrigues servir de plataforma de negociación con el Gobierno para acometer una serie de modificaciones legales que el sector considera imprescindibles para poder dar respuesta a la creciente demanda de material de seguridad y defensa.

Los contratistas del sector enfrentan una serie de problemas debido al ciclo de contratación anual impuesto por la legislación de contratos del sector público, que No se ajusta ni remotamente a los tiempos y la complejidad. típico del sector de defensa; por las rigideces a la hora de aplicar fórmulas de adjudicación más directas y ágiles en los casos en que así se requiera; o por la diferencia entre el precio al que se licitan los mercados y los costes reales del mercado.

«Las normas que regulan hoy la contratación militar y los presupuestos del Estado fueron diseñadas en un contexto nacional e internacional muy diferente al actual», argumenta el socio de Derecho Público de Garrigues y coordinador del documento, David Arias Guedón, «lo que las hace insuficientes para dar una respuesta acorde a los retos a los que se enfrentan actualmente nuestras Fuerzas Armadas».

Planificación plurianual y contratación más flexible

Las empresas del sector temen que esta rigidez se convierta en un cuello de botella insalvable en el contexto actual de mayor demanda de material de defensa y consideran un puñado de cambios legales para agilizar los procesos antes de que sea demasiado tarde. El sector lleva años clamando por una Ley de Contratos de Seguridad y Defensa que adapte el marco regulatorio a las necesidades singulares de los contratos de defensa, pero en previsión de que la tramitación de una nueva ley pueda ser un proceso lento y engorroso, el documento elaborado por Garrigues propone una revisión «limitada pero decidida» del actual marco regulatorio para configurar un marco excepcional y temporal para poder dar respuesta al ciclo inversor actualmente vigente.

Entre las medidas propuestas destaca el establecimiento de una planificación plurianual, que supere los problemas que genera tener que adjudicar contratos año a año para cubrir necesidades que claramente van más allá de ese plazo; la centralización de un único órgano administrativo o una Agencia Estatal de Contratación de Defensa y Seguridad para eliminar los problemas que genera la coordinación de las mil unidades y los 69 órganos de contratación que operan en el ámbito de la Defensa; la modificación de la regulación actual para que el Ministerio de Defensa pueda evitar el imperativo de contratar mediante procedimientos abiertos en determinados casos, como ya está sucediendo en otros países como Alemania, Francia o Polonia que recurren mucho más libremente a procedimientos negociados sin publicidad o al diálogo competitivo ante la necesidad de proteger información clasificada o relacionada con intereses de seguridad.