Alianzas Solicitó una reunión con el Ministerio de Trabajo Para abordar este problema y notar la situación del caos en la contratación pública que podría activarse si el proyecto de ley laboral se aprobará en su formulación actual, algo que, sin embargo, parece poco probable, pero no porque el gobierno haya expresado su intención de retomarlo, pero por la falta de apoyo parlamentario para llevarlo hacia adelante.

Caos administrativo, costo millonario

«El problema es el habitual. Se hacen leyes Independientemente de su impacto en la contratación pública Aunque como es el caso, forzará una revisión masiva de los contratos públicos ”, dice Sigüenza, que recuerda la estimación del impacto económico realizado por el CEO, que es de alrededor de 1,4 mil millones de euros, y advierte que si ese costo se permitirá descansar exclusivamente en las empresas, podría llevar a muchos de ellos instar a la modificación de sus contratos de sus contratos, generar posibles problemas en la provisión de servicios públicos.

En esencia, lo que se solicita del flanco de los contratistas estatales es que la profundidad del cambio se tiene en cuenta que la entrada en vigencia de la reducción del día implicaría en sus contratos, ya sea activamente, reconfigurar las condiciones del contrato y, por lo tanto, su asignación económica, o pasivamente, proporcionando una especie de tipo de Período transitorio que retrasa su aplicación efectiva en los contratos que se otorgaron en diferentes condiciones.

Al ilustrar las disfunciones que la aplicación de este corte de media hora del día diario podría causar en el sector de servicios, Sigüenza da el ejemplo de los centros de llamadas, un servicio que se brinda las 24 horas al día y siete días a la semana y que ahora puede cubrirse con tres empleados por día. Con la nueva ley, esos tres empleados solo cubrirían 22 horas y media y dejarían una hora y media de servicio sin cobertura. En un ejemplo radical, la compañía concesionaria tendría que contratar a una persona para que cubra una hora y media del servicio diario.

No es la primera vez que una regla promovida por el Ministerio de Trabajo sacude el alcance de la contratación pública. Ya ha sucedido con el Aumentos sucesivos del salario mínimoque en muchos casos ha obligado a las empresas a asumir un costo adicional que no se contó cuando se adjudicó el contrato y que en muchas otras ocasiones han terminado con renuncias de los jueces o denuncias judiciales, por lo que entienden como una encuesta de modificación de sus condiciones que no tendrían que asumir solo.

En todos estos casos, el sector le pidió al Ministerio de Trabajo que tuviera en cuenta los contratos públicos en el decreto de aprobación sin haberlo logrado en ninguna ocasión.