El coste de la cesta de la compra se ha disparado un 40% desde 2021 y este incremento ha impactado principalmente en los bolsillos de las familias con menores ingresos, que ya destinan dos de cada diez euros de su salario a la compra de alimentos, una brecha que evidencia la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas en los últimos cinco años, a pesar de que el coste de vida general se ha incrementado a la mitad en el mismo periodo, un 20%. Así lo confirma el estudio de EAE Business School «Radiografía de la inflación de los alimentos en España», que alerta de que la inflación se ha vuelto estructural en la última década, «desacoplándose del IPC general», y con impacto en toda la cadena de valor, desde el sector primario hasta el consumidor final.

Los analistas de EAE señalan que se ha producido un «efecto paso» en los precios, ya que los niveles de precios de los años 2023 y 2024 «no se revertirán en el corto plazo porque la estructura de costes laborales, energéticos y climáticos ha cambiado para siempre». Por ello, cuestionan la recuperación del poder adquisitivo perdido de los hogares, ya que «dependerá exclusivamente de que los salarios crezcan por encima de este nuevo patrón de precios consolidado», ya que la inflación de los alimentos actúa «como un impuesto regresivo» que castiga «tres veces más» a los hogares de rentas bajas y medias, e incluso a los de renta media, ya que destinan 20 de cada 100 euros de sus ingresos sólo a comida, frente al 5% de lo que hacen las familias de rentas altas.

En este sentido, ya en 2024, el 9,1% de la población reportó llegar a fin de mes con grandes dificultades, con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 25,8%. Por este motivo, las ayudas públicas dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad son «fundamentales para la viabilidad alimentaria de millones de familias», que «de eliminarse, la cesta de la compra podría aumentar entre 350 y 501 euros anuales por hogar».

Una situación problemática que se ha agravado debido al actual contexto geopolítico internacional: «La guerra en Oriente Medio está impulsando la inflación global a medida que el petróleo y el gas se encarecen, con el riesgo de perturbaciones en el Estrecho de Ormuz. Esto aumenta los costes del transporte, los fertilizantes y la energía, ejerciendo una presión al alza sobre los precios de los alimentos y productos de consumo que llegan a la UE. Todo esto podría elevar las tasas de interés y desacelerar el crecimiento económico global y europeo en particular. «El aumento del coste del gas natural -necesario para producir fertilizantes nitrogenados- y de la logística incrementa los costes agrícolas, lo que a su vez incrementa los precios de los alimentos. “Las amenazas a la navegación marítima también pueden obstruir las cadenas de suministro globales, aumentando los costos adicionales”, advierte Samer Ajour El Zein, director del informe.

Además del tipo de vivienda, las diferencias también se han acelerado según el territorio. Extremadura, Andalucía y Canarias –las principales comunidades productoras de alimentos– presentan tasas de riesgo de pobreza superiores al 30% y destinan más del 20% de su renta disponible a la alimentación, frente al 12% en Navarra o el País Vasco.

Los expertos de EAE también han constatado que las familias españolas han reducido la compra de proteínas de alta calidad, como el pescado fresco o la carne de vacuno -a pesar de que su precio ha bajado casi un 12%- para «refugiarse en hidratos de carbono baratos y procesados», cuyo consumo ha aumentado un 8% porque son mucho más baratos, lo que apunta a un «cambio de hábitos saludables provocado por la subida de los precios de los alimentos, produciendo una grave fractura nutricional». En este contexto, la canasta saludable se ha encarecido un 40% más que la canasta de supervivencia, “condenando a los bajos ingresos a una dieta obesogénica por necesidades económicas”.

El informe también se centra en la brecha en la percepción de los precios por parte de los ciudadanos, y se pregunta: «¿por qué los ciudadanos sienten que la vida es mucho más cara de lo que indica el IPC oficial (2,9%)?». Pues por una disonancia cognitiva que se explica por dos factores: el sesgo de frecuencia y la reduflación.

En el primer caso, la inflación percibida se dispara en productos que se compran de forma repetida y semanal: aceite, leche, huevos, verduras… «El consumidor nota el impacto del precio cada vez que visita el supermercado, generando una sensación de angustia acumulada que no se compensa con la estabilidad de precios en los bienes duraderos». En segundo lugar, la redflation actúa como «una inflación invisible. «Los fabricantes y distribuidores han mantenido precios psicológicos estables reduciendo el peso de los envases, de 1 litro a 900 ml, o de 500 gramos a 450 g. Esto hace que el precio del billete siga siendo el mismo, pero el precio unitario real aumenta, erosionando silenciosamente el poder adquisitivo y escapando a la percepción inmediata del comprador, aunque castigando su bolsillo a final de mes.

Respecto al sector de la distribución de alimentación en España, Ajour considera que el español es un «mercado caracterizado por una alta concentración, ya que los cinco principales operadores controlan más del 50% de la cuota de mercado». Esta composición del sector fue «determinante» para contener «el primer golpe» de la inflación, compensándolo con mayores eficiencias logísticas. Así, en promedio, un producto multiplica su precio «casi cuatro veces del campo a la mesa».

De cara al ciclo 2026-2027, los modelos predictivos sugieren que «la volatilidad alimentaria ya no será temporal sino estructural debido al cambio climático. Fenómenos extremos más frecuentes (olas de calor, granizadas tardías, sequías y exceso de precipitaciones) introducirán shocks de oferta recurrentes, que nos obligarán a redefinir la inflación de alimentos no como un problema puramente económico, sino como un problema de seguridad nacional. Para Ajour, «España se enfrenta a un cambio de paradigma: la era de los alimentos baratos ha terminado. El desafío para 2026 no es sólo reducir la inflación, sino garantizar que comer saludablemente no se convierta en un privilegio de clase en un futuro marcado por la volatilidad climática.