las medidas de Feijóo para reconquistar al votante rural
Aprovechando que Vox se ha mantenido alineado con Donald Trump, pese a los ataques del presidente de EEUU al orden internacional y a la política económica europea, el PP presentó este viernes una proposición de ley de fiscalidad para el sector primario. El objetivo es llamar la atención del votante rural que en los últimos años ha encontrado atractivo al partido de ultraderecha por sus ataques a las decisiones que llegan de Bruselas. El paquete de iniciativas, según los populares, puede ahorrar unos 700 millones de euros en impuestos a los casi 800.000 profesionales que se dedican a la agricultura, pesca y ganadería.
El partido de Alberto Núñez Feijóo considera «oportuno y necesario» ajustar de nuevo el umbral para «garantizar» que los agricultores y ganaderos «cuenten con un marco fiscal acorde a la realidad de sus costes de producción y puedan seguir manteniéndose bajo un régimen tributario que favorezca su competitividad». Proponen ampliar el umbral de del régimen especial de tributación de los 250.000 euros actuales de ingresos a los 325.000.
La propuesta del PP propone elevar el umbral de gastos de 150.000 euros a 250.000 para facilitar la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF. Los trabajadores que no superen los 250.000 euros de gastos podrían seguir acogiéndose a este método, que resulta especialmente beneficioso para agricultores y ganaderos. Hasta ahora, la normativa establece un umbral de 150.000 y se amplía año a año por real decreto a 250.000. En esta ocasión, el Ejecutivo incluyó la medida en el primer decreto ómnibus que no consiguió convalidar en el Congreso en enero y contra el que el PP votó en contra, porque consideraba que hacía un «batiburrillo» de medidas aunque algunas, como esta, las respaldaba.
Los conservadores quieren reforzar el régimen especial de reintegro para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales durante los ejercicios 2025 y 2026. Proponen que los empleados que desempeñen actividades agrícolas y forestales pasen de un 12% a un 13,5%, mientras que los ganaderos vean incrementado su reintegro del 10,5% al 12%.
La ley de fiscalidad promueve la deducción o compensación íntegra del IVA sobre el exceso de inversión en maquinaria o medios de explotación de los tres últimos años. El objetivo es fomentar la modernización y la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, los contribuyentes que fueran titulares de explotaciones se podrían deducir el 25% de las cuotas satisfechas en el periodo impositivo por la suscripción de un seguro agrario o para el ganado.
El agricultor o el ganadero podría elegir si para calcular la facturación considera el resultado del último ejercicio o la media de los tres últimos ejercicios. De este modo, apuntan los conservadores, se podrían «compensar años de mayor rendimiento con otros de menor producción, garantizando una tributación más acorde con la capacidad económica».
Las ayudas directas a los agricultores y ganaderos quedarían exentas de tributación en la declaración de la renta y no se computarían en la base imponible del impuesto de sociedades. Esta iniciativa, a juicio del PP, significaría que el apoyo económico que se brinda a los productores se pudiera traducir «en un verdadero alivio ante las dificultades a las que se enfrentan». También estarían exentas las ayudas de la Administración General del Estado, comunidades y entidades locales.
Plantea subir de 2.000 a 3.000 euros la cantidad de los gastos de «difícil justificación» por su escaso valor. Afectaría a los empresarios que tributen por estimación directa. Normalmente son gastos «de poco valor, dicen los conservadores, como pueden ser piezas pequeñas de repuesto de los que no se tiene factura.
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