Tensión, espectáculo y sobreactuación en el inusual consejo de ministros que tuvo lugar este viernes. Pedro Sánchez Había convocado esta reunión para aprobar las medidas del Gobierno para intentar paliar la crisis de precios que está golpeando a la economía española debido a guerra de iran. Sin embargo, el evento terminó con un espectáculo nunca antes visto.

El Ejecutivo de Sánchez lleva 20 días evitando reaccionar ante el conflicto en Oriente Medioy aunque tarde, hoy pretendía dar luz verde a sus planes. Pero todo ha ido mal desde primera hora de la mañana. Y es que, Los diputados de Sumar se han negado a entrar en la sala por desacuerdos con los socialistas.

Dentro de este paquete, la intención de Yolanda Díaz era aprobar medidas que nada tienen que ver con las derivadas de la guerra de Irán, como intervencionismo en el mercado de alquiler. Los socialistas, conscientes de que la idea de sus socios no obtendría la aprobación de Juntos cualquiera PÁGINAS en el Congreso de los Diputados no querían sufrir su enésimo revés parlamentario.

Sumar se rinde

Finalmente, Sumar ha acabado desistiendo y ha entrado en la reunión tras una negociación personal entre Sánchez y Yolanda Díaz, según publicó Libertad digital. El líder de Sumar ha aceptado la división del Real Decreto en dos partes: el de los alquileres y el resto.

La primera parte consta de recortes de impuestos, deducciones y subvenciones por valor de más de 5 mil millones de euros, así como una dudosa auditoría de los beneficios empresariales. El segundo incluye la prórroga de dos años de los contratos de alquiler.

Dentro de esos 5.000 millones, más de 2.500 millones procederán de recortes de impuestos, estima el Gobierno. Eso sí, el Ejecutivo ha evitado aliviar el IVA en algunos alimentos, como hizo en la crisis de Ucrania (aunque sin incluir carnes ni pescados). Todo indica que la primera norma obtendrá luz verde en el Congreso mientras que la norma del alquiler caerá.

Según el Gobierno, estamos ante «el mayor escudo social y económico de toda la UE». Estos son los detalles del norma prevista que estará en el BOE mañana sábado y se prolongará hasta el 30 de junio:

• Impuestos de electricidad: Bajan el IVA de la electricidad del 21% al 10%, reducen el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5,5% al ​​0,5% y suspenden temporalmente el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) a partir del segundo trimestre. Habrá una cláusula de desactivación si los precios bajan.
• Impuestos a la gasolina: Reducen al 10% el IVA del gas natural, pellets y leña.
• Butano: Congelan el precio máximo de venta de butano y propano.
• Impuestos sobre el combustible: Bajan el IVA al 10% del diésel, gasolina y otros hidrocarburos y reducen el impuesto de hidrocarburos al mínimo permitido en la UE. Según sus cálculos, el combustible se reduce hasta 30 céntimos por litro.
• Subsidio al combustible: Ayuda de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Además de ayudas equivalentes para la compra de fertilizantes. Se gestionará a través de la AEAT y de las devoluciones que reciban los profesionales. El profesional no tiene que hacer nada. La AEAT tiene su consumo y por cada litro que consumas te pagarán automáticamente, explican fuentes de Hacienda. Los transportistas que no estén en esta red tendrán la posibilidad de compensación. En el caso de los agricultores, se basarán en datos del año anterior, explican. Esperan empezar a pagarles en abril.
• Lluvia de deducciones verdes: Se aplicarán deducciones en el IRPF por la instalación de paneles solares, puntos de recarga y bombas de calor, nuevas ayudas para la climatización de edificios o el fomento de inversiones en renovables. Serán temporales.
• Bono social: prórroga a lo largo de 2026 de las bonificaciones extraordinarias del bono social de la luz, refuerzo del bono térmico y prohibición de interrumpir el suministro esencial en los hogares más vulnerables.
• Peajes: Reducen en un 80% los peajes de la electricidad para la industria electrointensiva, lo que supondrá un ahorro de unos 200 millones de euros.

• Control de red: El Gobierno pretende liberar capacidad en la red eléctrica expulsando a las empresas que han obtenido el permiso de conexión, pero su proyecto no cumple con los requisitos del Gobierno. Además, también decidirán a quién dan prioridad en el acceso a las redes declarando determinados proyectos «estratégicos» que son los que considera el Ejecutivo, por ejemplo, si ese proyecto utiliza energías renovables tendrá prioridad. También decidirán cuáles son las zonas de «aceleración de renovables» en toda España.

• Persecución a empresas: «Se dota a la CNMC de nuevas capacidades supervisoras y sancionadoras, para evitar posibles abusos» con los precios. Pretenden que la CNMC analice los márgenes y precios de la empresa privada y que el resto de ministerios también puedan acceder a toda la información, aunque fuentes gubernamentales no explican exactamente qué nuevas conductas serían sancionables.