Las nucleares se revuelven y avisan a PP y Vox de que cerrarán centrales sin una gran rebaja de impuestos
España se encamina hacia el apagón de todas sus centrales nucleares. Las grandes eléctricas pactaron en 2019 con el Gobierno y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El pacto con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo).
[–>[–>[–>[–>El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene inalterable su plan de ejecutar en tiempo y forma el acuerdo de cierre firmado con las eléctricas. El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Gobierno, la hoja de ruta ambiental y energética hasta final de la década, recoge sin cambios ese calendario de cierres hasta el apagón nuclear total. La propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, lo ratificó este mismo miércoles.
[–>El Gobierno de coalición progresista y los socios parlamentarios de izquierda respaldan la clausura de los reactores, mientras que desde el Partido Popular y Vox -con más o menos ahínco también desde Junts- se respalda retrasar los cierres y ampliar la vida de las nucleares más allá de las fechas de apagado previstas para tener garantizada una tecnología de producción de electricidad firme y con capacidad de funcionar de manera permanente frente a la intermitencia de generación de las renovables (a expensas de que haya viento, sol o agua) y a la espera de que se desarrolle lo suficiente la tecnología de las grandes baterías para almacenar electricidad y utilizarla cuando sea necesaria.
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Las propias nucleares confirman que alargar la vida de los reactores mucho más de lo previsto es técnicamente posible y viable desde el punto de vista de seguridad y que sería lo responsable con la transición ecológica al no emitir CO2, y respaldan la ampliación de la vida útil de las plantas en línea con otros países. Con las fechas de cierre pactadas, las centrales nucleares españolas funcionarán una media de 46 años desde su puesta en funcionamiento, mientras que en otros países instalaciones similares ya está previsto que estén operando 60 e incluso 80 años.
[–>[–>[–>[–>Ampliar, con condiciones
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La patronal de las nucleares -que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- defiende mantener en marcha las centrales y ampliar el tiempo de operación de las plantas, en línea con la postura de la derecha y la ultraderecha. Las eléctricas defienden esa ampliación, pero con condiciones. Foro Nuclear exige una gran rebaja de los impuestos que pagan las centrales nucleares como condición para seguir funcionando.
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“Las unidades deberían seguir en funcionamiento. España es el único pais de Europa con centrales que ha decidido pararlas todas. Pero no podemos continuar con las condiciones fiscales que tenemos”, advirtió el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en un encuentro con medios de comunicación. “Si alguien decide que deben continuar las nucleares, bien. Pero que digan con qué condiciones. Hace falta que la ampliación de la licencia de funcionamiento vaya unida a una rebaja fiscal. Si no se dan las condiciones fiscales para hacer viables las centrales no vamos a continuar. Si el negocio es imposible, habrá que cerrar”, sentenció.
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Desde la patronal de las nucleares se advierte de que los discursos defendiendo la ampliación de la vida de las nucleares, pero sin precisar un nuevo modelo económico y fiscal para garantizar la rentabilidad de las plantas, no son suficientes. “Hay algunos que te quieren mucho, pero no te quieren de verdad”, indicó Araluce en referencia a los posicionamientos de los partidos políticos de la derecha, ya que no han dejado “nada claro” que la prolongación de la operación de las plantas y el retraso del calendario de cierre que proponen PP o Vox lleven emparejados una revisión de los impuestos que soportan los reactores.
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Reforma fiscal total
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Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que soportan. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado una gran subida del 30% de la tasa que pagan las centrales nucleares para pagar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas. Tras la subida, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares a Enresa escala hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas, por lo que los pagos anuales escalarán hasta el entorno de los 585 millones de euros al año (135 millones más que los abonos anuales previos).
[–>[–>[–>[–>Las grandes eléctricas han abierto una batalla legal en el Tribunal Supremo para tumbar la subida de la denominado ‘tasa Enresa’, pero también se movilizan para para conseguir una reforma integral de la fiscalidad del sector con una rebaja masiva de los impuestos específicos que pagan, en torno a 950 millones al año (a razón de 18 euros por MWh producido). Entre tasas y tributos, la electricidad producida por las centrales nucleares pagan más de 28 euros por MWh. En total, más de 1.500 millones de euros cada año. “La fiscalidad es discriminatoria. Las nucleares pagamos mucho más que las demás energías”, se quejó Araluce.
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Las nucleares reclaman al Gobierno un gran recorte de los impuestos específicos que gravan la actividad de sus reactores, e incluso piden directamente la eliminación de todos o de algunos de los tributos vigentes especiales para la producción con nucleares, tanto los estatales como los autonómicos. El sector ha venido pidiendo al Gobierno que la recaudación millonaria del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos no vaya a las arcas públicas generales, sino que se destinen a alimentar el fondo de Enresa para la gestión de los residuos nucleares (las centrales han pagado 3.100 millones de euros por este tributo tributo en algo más de una década y les quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón nuclear).
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Y las compañías también han reclamado que la propia Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego acaba repercutiendo a las centrales (la sociedad pública ha abonado ya 148 millones y le quedaría por pagar según vaya aumentando el volumen de deshechos almacenados otros 1.277 millones más).
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De momento, y a la espera de un eventual cambio en el Gobierno y a aplicación de una gran rebaja de impuestos en línea con lo que piden las eléctricas, el calendario de clausuras de las nucleares se mantiene sin cambios. El cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles acordado en 2019 con las grandes eléctricas contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.
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