Las protestas por los ajustes económicos bloquean Bolivia y ponen en jaque al presidente, Rodrigo Paz
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, atraviesa su primera crisis política de magnitud en medio de las peticiones de dimisión de sindicatos y movimientos sociales que, junto con los transportistas, bloquean las carreteras de acceso a La Paz, la capital de ese país, y Santa Cruz, su región más próspera. El levantamiento de los subsidios a los combustibles como parte del programa de ajuste, la escasez de dólares y el aumento de los precios, constituyen el caldo de cultivo de un descontento que acorrala a Paz cuando no ha cumplido siete meses en el poder.
[–>[–>[–>«¿Cuál es la petición? Que caiga el presidente. No podemos seguir así. Están queriendo utilizar este tipo de recursos y prácticas para perjudicar al país después de cómo lo dejaron», dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. «El presidente no va a renunciar», aseguró por su parte el titular de la cartera de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Ambos atribuyeron a sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) los intentos de desestabilización. Oviedo fue más preciso y dijo que la orden «viene del Trópico», en alusión a la zona cocalera de Cochabamba, que es el bastión del expresidente Evo Morales.
[–> [–>[–>La crisis no solo se manifiesta en las rutas y calles sino en el interior de la Administración. «Yo creo que la renuncia del presidente no es la solución, sin embargo, creo que Paz se ha olvidado de los sectores que lo han hecho presidente, se ha olvidado del discurso popular que aplicó en campaña», dijo nada menos que el vicepresidente, Edmand Lara. El expolicía pidió a su compañero de fórmula electoral que «encamine la gestión» y cumpla lo prometido a la sociedad. A la vez se mostró de acuerdo con un aumento salarial del 20%, reclamado por la Central Obrera Boliviana (COB) para sentarse en una mesa de diálogo.
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«No es el momento ya de estar negociando ni dialogando. El pueblo ha sido bien sincero y sabio y hoy quiere una reivindicación, porque realmente el Gobierno parece que ya no nos representa», respondió el secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, y uno de los principales impulsores de los bloqueos, Vicente Salazar.
[–>[–>[–>Según la prensa de ese país unos 5.000 mil camiones se encuentran inmovilizados como consecuencia de las medidas de presión. La Cámara Departamental de Industrias de la capital dijo que las pérdidas económicas son millonarias debido a los cortes. Comienzan a faltar insumos y provisiones. «Tenemos escasos alimentos, el precio del pollo ha subido el doble, las verduras, vegetales y frutas casi no se encuentran, y así no se puede seguir, y esperemos que el Gobierno realmente tome acciones en ese sentido”, pidió la entidad.
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La expresidenta provisional, Jeanine Áñez, reclamó a Paz que actúe con determinación frente a las medidas «claramente desestabilizadoras» que le atribuyó a Morales. Áñez sustituyó en 2019 al entonces mandatario tras el golpe de Estado y reprimió con severidad las protestas contra las nuevas autoridades. Más de 20 civiles perdieron la vida. Al retornar el MAS al Gobierno, en 2020, la expresididenta interina fue condenada y enviada a la cárcel, que abandonó con la asunción de Paz. «No puede mostrarse débil», recomendó al actual jefe de Estado. «Defender la democracia también significa denunciar a quienes intentan erosionarla».
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[–> [–>[–>[–>La situación de Morales
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La figura del exgobernante tiene por estas horas una doble inscripción en la escena política. De un lado, el oficialismo le señala como responsable de los bloqueos. Por el otro está su situación judicial. El exmandatario se negó a comparecer en el marco del juicio iniciado por presunto delito de trata de personas. Según la acusación, el exmandatario habría mantenido una relación con una menor de edad, con quien presuntamente tuvo un hijo. El fiscal José Ernesto Mogro Palacios dijo que solicitará al tribunal una pena de 20 años de prisión.
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El vicepresidente Lara le pidió a Morales que se presente ante la justicia para evitar que se materialice la orden de captura. «La persona que es acusada por la comisión de un delito no significa automáticamente que sea culpable, pero si enfrenta un proceso debe asumir defensa en el marco del respeto a las garantías jurisdiccionales». Los abogados de Morales sostienen que el líder de los cocaleros es objeto de una persecución política. «No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho procesal», hizo saber el expresidente a través de X. Reiteró que las acusaciones se basan en «pruebas falsas» y «armadas con pruebas inventadas» que tienen el propósito de «aniquilarlo jurídica, moral y físicamente».
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