La Justicia deja de lado, de momento, uno de los hechos más graves registrados en la hostelería de Vigo en los últimos años. El presidente del juzgado de instrucción decretó el archivo provisional de la causa abierta por la botella de agua con gas que contenía sosa cáustica y que provocó Graves quemaduras internas a un cliente en un restaurante de Vigo. La resolución lo atribuye a «un error humano previsible y evitable», pero admite que no fue posible identificar al responsable.

El interesado, el empresario Pablo González, reaccionó con dureza: «Es decepcionante y escandaloso». Anuncia que apelará la decisión del tribunal y que seguirá luchando por la reapertura del caso. «No hicieron una investigación exhaustiva. Eso deja la posibilidad de que esto vuelva a suceder», afirma.

Los hechos se remontan al 12 de abril de 2025. González, vecino de Salvaterra do Miño, encargó una botella de agua mineral con gas en un establecimiento de Vigo. No había indicios de lo que sucedería después: abrió la botella, se sirvió en un vaso con hielo y limón, y desde el primer sorbo sintió una sensación de ardor extremo. “Era como quemarme vivo por dentro”, recordó más tarde.

Análisis posteriores confirmaron que el contenido no era agua, sino una solución de hidróxido de sodio, soda cáustica, una sustancia altamente corrosiva. Las consecuencias fueron devastadoras: graves lesiones en el estómago y el esófago que le obligaron a permanecer hospitalizado durante más de dos semanas y que aún hoy requieren un seguimiento médico continuo debido al riesgo de desarrollar cáncer de esófago.

La investigación judicial, apoyada en informes de la Policía Nacional, descarta fallas tanto en la planta embotelladora como en la cadena de distribución. La hipótesis que sustenta el auto es que la botella, ya consumida anteriormente, fue rellenada con sosa cáustica dentro del propio local.

Según el juez, alguien manipuló el contenedor «a pesar de la evidente previsibilidad» del riesgo. El error, añade, se vio agravado por el contexto: una botella de vidrio, imposible de distinguir a simple vista, servida en un establecimiento hotelero. Resultado: el cliente ingirió una sustancia potencialmente mortal.

Sin embargo, el procedimiento se encuentra archivado por falta de autoría. Ningún empleado admitió los hechos, no existen testigos ni pruebas que permitan identificar a la persona que introdujo el líquido corrosivo. El juez concluye que se trata de una infracción «individual», no imputable al propietario del local, que es el único instruido, ni a la empresa propietaria del establecimiento.

“No existe base objetiva para sostener la acusación”, señala el auto, que también subraya que este tipo de delito no puede ser atribuido a una persona jurídica en estas circunstancias.

Para González, la resolución deja demasiadas preguntas sin respuesta. Critica, en particular, que no se haya estudiado la posible responsabilidad del embotellador. “¿Cómo sabes que es la ubicación y no el origen del producto?” insiste.

Un año después, su vida no ha vuelto completamente a la normalidad. Aunque ha superado las restricciones dietéticas más severas, mantiene una dieta controlada y se somete a controles periódicos. «Tengo que hacerme pruebas todos los años. El riesgo de desarrollar cáncer de esófago en el futuro es muy alto», explica.

Más allá de su caso personal, su preocupación apunta hacia el colectivo. “No busco culpables a los que castigar, sino saber qué pasó para que no le pase a nadie más”, concluye.

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