Hay quienes temen, otros sencillamente lo sugieren, que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pretende ahora envolverse en la sentencia que condena al fiscal general del Estado como si el fallo, en lugar de reprochar una filtración indebida, tuviera efectos balsámicos sobre sus propios problemas con la Agencia Tributaria. Puede que simplemente se trate de extender el humo hasta que parezca niebla, lo desconozco. Pero una cosa no tapa la otra. La resolución judicial contra el fiscal se refiere a una vulneración de la confidencialidad –un acto impropio y grave en un servidor público–, no convierte automáticamente en inocente a nadie, ni invalida los hechos investigados ni exime de responsabilidades por posibles delitos fiscales. Lo uno no borra lo otro; de hecho, ni siquiera lo roza.