los 5 pilares de su nueva presidencia
Este lunes se cumple el cuarto aniversario del asalto al Capitolio, la insurrección azuzada por el bulo de Donald Trump sobre un inexistente fraude electoral en su derrota en 2020 frente a Joe Biden que asomó a Estados Unidos al abismo de una crisis constitucional sin precedentes. En noviembre, no obstante, muchos obviaron o minimizaron aquel grave momento y aseguraron el retorno a la Casa Blanca de un hombre de 78 años, el mandatario que entra con más edad al Despacho Oval, cuya segunda presidencia puede anticiparse que tendrá un impacto extraordinario a nivel global y también, quizá sobre todo, a nivel nacional.
Esos electores dieron a Trump una victoria sin sombra de duda. Ganó sobre Kamala Harris tanto en el colegio electoral como en el voto popular, aunque no por una “barrida” como dice insistentemente, sino por el 1.5% del sufragio, uno de los márgenes más estrechos desde el siglo XIX. Y aunque el “contundente mandato” del pueblo que se arroga es cuestionable, su determinación de tener una presidencia transformadora no lo es.
Para conseguirla puede apoyarse en una visión expansiva del poder ejecutivo que augura una presidencia que muchos temen imperial. Suma a su favor, ademas, un Tribunal Supremo de supermayoría conservadora gracias a los tres magistrados que él nombró, que ya en el pasado curso judicial amplió hasta un nivel sin precedentes la inmunidad del ocupante del Despacho Oval. Y cuenta asimismo con el control republicano de las dos cámaras del Congreso, aunque la exigua mayoría y las divisiones internas que se evidenciaron en la agónica negociación en diciembre para evitar un cierre del gobierno ya ha dejado en evidencia que no todo va a ser fácil, ni siquiera cuando el partido se ha rehecho a imagen de su líder y en una formación donde el disenso tiene un precio, algo que recordaba recientemente Trump al respaldar la idea de retar en primarias a senadores “irrazonables” que no respalden a sus nominados para cargos en el gabinete.
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Incluso desde antes de tomar posesión, y con Biden a menudo casi ausente, Trump ya ha estado dominando la agenda política y mediática de EEUU. Su equipo de transición ha llegado a enviar comunicados de prensa hablando de “promesas cumplidas”.
También han regresado los mensajes en redes sociales, las exageraciones, afirmaciones desconectadas de realidad o datos… Y de nuevo la maestría en la estrategia de lo que en deportes se conoce como “inundar la zona”, una saturación de acciones, anuncios, declaraciones o propuestas para su gabinete y su administración que van recortando o anulando el impacto de la anterior, con un efecto casi anestésico.
Se palpa en buena parte de la sociedad y en los mundos político, empresarial y mediático una sensación de normalización de elementos que, en cualquier otra circunstancia, con cualquier otro político, serían extraordinarios, de la nominación de candidatos al gabinete sin cualificaciones a planteamientos políticos como usar el ejército en el suelo estadounidense o seguir negando los resultados de 2020 y anunciar un perdón para muchos de los encarcelados por el asalto al Capitolio. Y sirve de muestra de esa aceptación el desfile de líderes de grandes tecnológicas que, como otros muchos, han “besado el anillo”.
Lo decía el propio Trump en su primera rueda de prensa desde la victoria, el día 16 de diciembre en Mar-a-Lago: “En mi primer mandato, todo el mundo me combatía. Ahora, todo el mundo quiere ser mi amigo. No sé, mi personalidad ha cambiado, o algo”.
Ese cambio está, como muchas otras cosas, por ver, pero Trump de momento avanza con paso decidido y firme hacia los objetivos que se ha marcado. Aunque con él entra en juego siempre el factor de lo impredecible y nunca puede determinarse claramente qué es hipérbole, las promesas y objetivos de medidas y transformaciones que ya ha delineado abarcan desde el sistema migratorio a los impuestos a la propia estructura del gobierno de la principal potencia del mundo.
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Trump llega a esta segunda presidencia con un conocimiento mucho mayor del funcionamiento del gobierno y con una agenda más ambiciosa que en 2016 que va a poder empezar a poner en práctica más rápido que en aquella primera presidencia.
Algunos de los ejes centrales y prioritarios de esa agenda son la mayor operación de deportación de inmigrantes de la historia, nuevos aranceles, la congelación o revocación de medidas y regulaciones para combatir el cambio climático y el impulso a los combustibles fósiles, la remodelación de las agencias federales de salud o los cambios ideológicos en el sistema educativo. Para esas metas ya anunciadas, y a diferencia de para otras grandes promesas como los recortes de impuestos o las alteraciones a Obamacare, no necesita al Congreso.
Trump, además, va a poder “profundizar en cambios que empezó a intentar al final de su primer mandato con los que ponía a prueba los límites del poder constitucional de la presidencia”, según explica en una entrevista telefónica desde el Center for American Progress Joe Radosevich. En ese terreno son muchos los expertos y observadores, además de la oposición demócrata, quienes ven con especial preocupación la posibilidad de que vaya a reducir o acabar con la independencia de departamentos y agencias federales que se han estructurado con esa autonomía. Se piensa, por ejemplo, en la Reserva Federal, pero sobre todo en el Departamento de Justicia, donde con Pam Bondi como nominada para fiscal general y el polémico Kash Patel para el FBI se anticipa la politización que Trump y sus aliados han denunciado desde su entrada en la política y que nunca ha podido demostrar.
Trump, además, según advierte Radosevich, puede tratar de arrogarse poderes como “embargar” fondos ya apropiados por el Congreso para castigar decisiones políticas de estados o ciudades que vayan contra sus intereses y objetivos, como los que se preparan para resistir su cruzada contra los migrantes. Es algo que sin duda provocará una intensa guerra legal, una de las múltiples que ya se vaticinan en su mandato, pero mientras se libran batallas en los tribunales el impacto puede sentirse directamente en comunidades.
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Herencia renovada de su anterior mandato que ahora puede culminar es también su empeño por debilitar el Estado administrativo. Y esta vez llega preparado para transformar el cuerpo de funcionarios que soporta la estructura del gobierno en un ejército de 50.000 leales. Esa meta que era uno de los ejes del controvertido Project 2025 algo que ya intentó hace cuatro años eliminando protecciones para esos empleados civiles, pero esa orden fue anulada por Biden nada más llegar a la Casa Blanca.
“Tenemos un servicio civil basado en méritos y funcionarios que dan asesoría independientemente de la política, un sistema de controles y equilibrios que ha sido parte del sistema desde principios del siglo XX, y la idea de reemplazarlos con nombramientos políticos es preocupante”, avisa Radosevich.
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Es una línea problemática similar a la que plantea la entrada en el gobierno, tal y como lo pretende Trump, de algunos de quienes han sido sus grandes donantes y especialmente, de Elon Musk, el hombre más rico del planeta, que dio 277 millones de dólares a su campaña.
“La idea de la asesoría externa es buena, para eso tenemos comités o procesos regulatorios, pero permitir que tus grandes donantes sean quienes potencialmente dicten decisiones debería preocupar mucho a la gente”, dice Radosevic, una de las muchas voces que apuntan al potencial desatado de corrupción y conflictos de intereses en un gobierno que será el más rico de la historia, con al menos siete milmillonarios en el gabinete o en otros cargos de designación y otro puñado de multimillonarios.
Nadie es más influyente de momento, y nadie ha demostrado más capacidad de funcionar como un agente de caos, que Musk, que dirigirá junto a Vivek Ramaswamy el Departamento de Eficiencia del Gobierno, un ente que pese al nombre no forma parte de la estructura gubernamental formal y por ello no tiene tampoco los controles ni la rendición de cuentas tradicionales. Se han marcado el objetivo de recortar dos billones de dólares de un presupuesto que el año pasado fue de 6,8 billones. Dado que cerca de cuatro billones son gasto fijo como los pagos de la Seguridad Social o Medicare y casi otro billón van al pago de intereses de la deuda, y que de los 1,8 billones que quedan de gasto discrecional casi la mitad corresponden a defensa, es difícil anticipar que el objetivo pueda conseguirse sin segar los servicios del gobierno. Pese a que Trump ha dicho que “no tendrá impacto en la gente”, es imposible ver cómo podría no notarse.
El impacto económico de esos y otras muchas de las medidas propuestas por Trump, de la deportación masiva a los aranceles y los recortes de impuestos alimenta fantasmas no ya solo de dar sacudidas a la vida económica y social sino también de frenar la que fue una de sus grandes promesas de campaña: rebajar la inflación y los precios. Y en la entrevista que concedió en noviembre a ‘Time’ cuando la revista decidió declararlo “Persona del año” admitió por primera vez que bajar los precios será “muy difícil”.
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Los derechos reproductivos y civiles están bajo la amenaza de una seria regresión, así como otros principios de la democracia, como el derecho de protesta o la libertad de prensa. Y aunque Trump ha asegurado en varias ocasiones que su “venganza será el éxito”, no permite descartar una persecución de quienes considera enemigos políticos, ya sean Biden y su familia, los fiscales que abrieron causas penales o civiles en su contra, los políticos demócratas y republicanos que le investigaron en sus ‘impeachments’ o la prensa.
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