Ayer, a través de varios medios, ocurrió que CVC y Roca negra Han comenzado movimientos para dejar a Naturgy. Y, en el medio, emerge la figura de Taqa, el grupo emiratí que ya intentó el año pasado lanzar una OPA en Naturgy y, supuestamente, también estaría preparando algo en esa dirección. En este sentido, como ABC se ha confirmado en varias fuentes, hay ciertos movimientos dentro de la participación del gasista, aunque nada que no haya ocurrido durante el último año.

De hecho, las fuentes consultadas explican que este ruido de sable está condicionado por dos razones: la primera, la presentación del plan estratégico y cómo puede afectar a la empresa en dividendos. Una situación que afecta la decisión, y tiene prisa, que puede tener los fondos para vender. Y el otro problema indica Gobierno.

Los movimientos corporativos anteriores han tenido lugar con el ejecutivo. Primero fue IFM. La OPA de los antecedentes australianos tuvo que pasar por el filtro de escudo antiopas. Y el año pasado, Taqa tuvo que encontrar en criterios Caixa un aliado para tener la bendición del gobierno, aunque finalmente no se acordó.

Ahora la situación no es diferente. Por el momento, el máximo accionista de Naturgy, Crítica caixa (26%), está en una búsqueda activa de un socio para tomar una mayor participación de la empresa. El elegido era Taqa, que no siguió adelante; Y también se rumoreaba con otro accionista, IFM (16%), que al final no alcanzó nada.

Los otros fondos, CVC (20%) y BlackRock (20%), tienen intereses muy diferentes, aunque han declarado públicamente que tienen una urgencia extrema al abandonar la empresa.

El gobierno envía

Estas idas y venidas, que hasta que aparecen en el CNMV son solo rumores, detienen: el gobierno. En el intento fallido de OPA la primavera pasada, ya se dejó en claro que Naturgy se cataloga como una compañía de interés estratégico y, por lo tanto, cualquier movimiento debe pasar por el filtro de escudo antiopas. Del mismo modo, el ejecutivo fue muy agudo al señalar que no tenía intención de ingresar a la capital del gasista a través del sepi.

Una circunstancia que no sería necesaria gracias a este mecanismo de veto. De esta manera, el gobierno ahorra la explicación de su inversión en una compañía de gas, por estratégico que sea.