El despacho de abogados Houthoff, encargado de gestionar el registro del laudo del caso Eurus y promover su ejecución en Países Bajos, ha explicado los detalles legales que han propiciado la incautación del edificio del Instituto Cervantes en Utrecht. Este equipo jurídico, liderado por la abogada Remme Verkerk, ha conseguido que el Tribunal de La Haya autorice el embargo del inmueble, que será subastada para compensar a los acreedores perjudicados por el recorte retroactivo de las primas de energías renovables.

«El aspecto más importante de esta disputa jurídica es que, en el caso del Eurus, existe una obligación definitiva y definitiva y, según el derecho internacional, España está obligada a pagar sus deudas. El laudo es definitivo, ya no cabe recurso y por eso ha sido registrado por la justicia holandesa y reconocido como si fuera una sentencia de sus propios tribunales», explica el despacho de abogados.

«El demandante en este caso fue Eurus Energy, un inversor extranjero de Japón vinculado al grupo Toyota. Estamos hablando, por tanto, de una empresa que no tenía su sede en la Unión Europea, por lo que España no puede plantear objeciones como las que ha circulado en otros casos en los que la denunciante era una empresa comunitaria y, por ello, se cuestionó si el arbitraje internacional era relevante. En consecuencia, esta decisión es definitiva y debe ser respetada», subrayan desde Países Bajos.

«El 19 de marzo de 2026, el tribunal de La Haya confirmó que el sistema de justicia holandés considera España como país obligado a pagar una indemnización y, como consecuencia del impago de los mismos, como jurisdicción que ha incurrido en un escenario de default. El laudo se reconoce como definitivo y se señala la posibilidad de ejecutarlo de conformidad con el derecho internacional», aclaran Remme Verkerk y su equipo.

Preguntados sobre la velocidad con la que se desarrollan los acontecimientos, los juristas reconocen que «en algunas jurisdicciones, los jueces autorizan el decomiso de bienes paso a paso. El denunciante obtiene el registro del laudo, luego reclama la posesión de un bien, luego recibe una autorización cautelar y, finalmente, toma posesión del mismo. Sin embargo, no ocurre lo mismo en Holanda, donde El sistema es diferente y mucho más directo, para facilitar el cumplimiento y evitar escenarios de impagos reiterados«.

Así, «según la arquitectura jurídica holandesa, una vez que el tribunal da luz verde, el alguacil desarrolla su plena autoridad para tomar el control del activo que el denunciante reclama y procede a transferir la propiedad del mismo, para que el afectado pueda venderlo. Este alguacil es un funcionario que tiene la facultad de confiscar los bienes reclamados por los acreedores que sufran impagos y proceder a vender dichos bienes como medida compensatoria.»

«Esta figura del agente judicial encargado de estos procesos es la del alguacil. Se trata de un funcionario público con autoridad para tomar el control del inmueble. En el caso de España y del edificio del Instituto Cervantes en Utrecht, el inmueble ya ha sido embargado, notificándose debidamente a los intervinientes e inscribiendo el cambio de manos del inmueble en el registro público. Luego se organizará una subasta para vender el activo al mejor postor y para que los acreedores obtengan los fondos obtenidos«.

«España ya no puede impugnar la validez del laudo ni apelarlo. Por lo tanto, cualquier intento de acudir nuevamente a los tribunales para impugnar la demanda debería fracasar. También hay que subrayar que esto es un activo no diplomático, sino más bien un patrimonio cultural y comercialya que el Instituto Cervantes lo alquila a terceros a precio de mercado. Según el derecho internacional, este tipo de activos comerciales pueden ser embargados sin ningún problema”, señalan.

En conclusión, insisten en que El caso ya está cerrado para España.hasta el punto de que el laudo en su contra es firme y la justicia holandesa lo ha reconocido, por lo que ya no cabe recurso y el embargo del inmueble es ahora un escenario real y evidente.