Sobre el papel, la medida podría permitir a los ayuntamientos desbloquear una parte de los 6.642 millones de euros de superávit con los que cerraron el ejercicio 2024, lo que supone a grandes rasgos una cantidad similar a la dotación de la Plan Estatal de Vivienda (7.000 millones de euros), pero ocurre que como estamos en diciembre y habiendo recibido a principios de año la recomendación del Ministerio de Hacienda de que aprovecharan esos recursos para pagar deuda, una parte importante de ese superávit ya no está disponible en la caja de las corporaciones municipales, según explican a ABC fuentes municipales.

Quizás por esta circunstancia, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayoque ha defendido la reivindicación de una mayor flexibilidad para que los ayuntamientos puedan utilizar sus excedentes para dotar de vivienda a sus ciudadanos y que incluso ha recordado una vez más esta reivindicación alMinistra de Vivienda, Isabel Rodríguezhace apenas unos días en La Coruña, reaccionó ayer con cautela al anuncio del presidente del Gobierno y reconoció estar «expectante» a la espera de ver cómo se refleja ese anuncio en el BOE.

Fuentes a nivel municipal malintencionan que este anuncio no sea más que una maniobra política para agradar Juntosque había solicitado esta medida al Gobierno, y que no tendrá funcionamiento real en el futuro. Hay que recordar que la normativa actual deja en manos del Ministerio de Hacienda la autorización de programas de inversión financieramente sostenibles, por lo que cualquier actuación en este ámbito debe contar con el visto bueno de Hacienda, para lo que el superávit municipal es una suerte de seguro para garantizar la reducción progresiva del déficit público. Este sentimiento se ve alimentado por el hecho de que el Ministerio de Finanzas no hizo ningún comentario sobre este asunto, a pesar de haber sido instado a hacerlo por el FEMPen la reciente reunión del Comisión Nacional de Administración Local comunicar los objetivos de déficit para el periodo 2026-2028.

Varapalo para el sector residencial

La medida anunciada ayer ha generado mucho descontento en el sector, teniendo en cuenta que representa una ínfima parte de lo que realmente se podría liberar, en un momento en el que la necesidad de construir vivienda tanto pública como privada es máxima. Fuentes del sector lamentan que esto ocurra cuando los ayuntamientos están dispuestos a ayudar a solucionar el déficit del parque público de vivienda en España, «pero tienen las manos atadas con el dinero bloqueado en el banco». «Estas ayudas son muy pocas teniendo en cuenta el dinero que tienen los ayuntamientos parados», afirman las mismas fuentes, que insisten en que la solución pasa también por agilizar la normativa y liberalizar el suelo para poder construir.

Porque por el lado del sector residencial también ha habido mucha presión para que el Gobierno libere ese superávit para dedicarlo a la construcción de vivienda pública. De hecho, es una exigencia que la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha reclamado en varias ocasiones como solución al problema habitacional. «Los ayuntamientos no pueden gastarlos por la regla de gasto, cuando necesitamos un cambio profundo en las políticas públicas de vivienda y en aspectos presupuestarios, ya que España es uno de los países con mayor recaudación del impuesto inmobiliario y menor inversión en vivienda de la Unión Europea», algo por lo que afirman, «es fundamental que los ayuntamientos realmente tengan la capacidad y el presupuesto para abordar el problema», apunta la asociación.

De momento, aún falta conocer la letra pequeña del anuncio, pero la reforma que reclama Junts también permitirá a los gobiernos locales destinar estos beneficios a inversiones destinadas al suministro de agua, recogida de residuos, ayudas sociales «o inversiones con efectos positivos para el cambio climático y la mejora de la eficiencia energética», como se anunció ayer la ministra portavoz, Pilar Alegríaen la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán utilizar el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 en inversiones financieramente sostenibles durante 2025, 2026 y 2027.

Seguro de impago del alquiler

Paralelamente a esta medida, el El presidente del Gobierno, Pedro SánchezTambién anunció ayer la creación de una partida de ayudas para propietarios con inquilinos morosos «en el caso de alquileres a jóvenes o familias vulnerables». Pero no es ni mucho menos una medida nueva, porque lo que el Ejecutivo va a llevar al próximo Consejo de Ministros es el seguro por impago del alquiler, que el Gobierno y Juntos Ya acordaron el año pasado desbloquear el decreto ómnibus, tal y como aseguran a este diario fuentes de este diario. La Moncloa. De hecho, el 18 de noviembre, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación administrativa urgente del proyecto de real decreto que determina las condiciones de estas garantías, que inicialmente sólo protegerán los alquileres ajustados al índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda, tal y como se aprobó en la reunión ministerial del 28 de enero de 2025.

Según el texto publicado entonces, las compensaciones serán gestionadas por las comunidades y ciudades autónomas pero la financiación correrá a cargo del Estado (Ministerio de Vivienda). Además, el dinero sólo podrá solicitarse una vez que el inquilino moroso haya abandonado la vivienda, ya sea mediante resolución judicial de liberación o mediante acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la vivienda. Si nada cambia respecto a la redacción inicial, para obtener la ayuda los propietarios tendrán que haber depositado la fianza legal y sus actualizaciones, y haber firmado con el inquilino el compromiso relativo a la garantía de alquiler.