Tres meses y medio después de que entrara en vigor el uso obligatorio de la luz V-16 como dispositivo de aviso de emergencia, varios fabricantes emitieron un comunicado conjunto para expresar su «preocupación por la situación de incertidumbre que se ha generado en torno al uso de la baliza conectada». Este grupo de empresas denuncia un «contexto de desinformación, mensajes no siempre coincidentes y falta de claridad para los ciudadanos que afecta a millones de automovilistas».

Según los firmantes, que critican tanto a la prensa como a la Administración, sin mencionar a ninguno en particular, las circunstancias dificultan que los automovilistas «comprendan sus obligaciones», que no saben «comportarse correctamente en caso de emergencia en la carretera».

Aunque desde el 1 de enero todos los vehículos están obligados por ley a tener conectado un V-16, «más de la mitad del parque de vehículos español se encuentra en situación de ilegalidad sin saberlo», se lee en la nota. Según el grupo de trabajo Sector V16 Conectada, “un reciente estudio de opinión demuestra que millones de conductores no saben qué luces intermitentes son válidas según la normativa, no saben cómo deben comportarse en caso de avería o accidente, ni han recibido información clara y accesible de las instituciones responsables”.

Politización del V-16

El comunicado, firmado por Netun Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo, denuncia que «la ausencia de campañas informativas efectivas» está provocando incertidumbre, «errores en la toma de decisiones y, en definitiva, un riesgo innecesario para la seguridad vial». Los fabricantes piden expresamente «campañas informativas rigurosas, claras y duraderas» y un «compromiso institucional firme y despolitizado con la seguridad vial».

En este sentido, los fabricantes se quejan del uso partidista contra el V-16 y señalan que es el resultado de un riguroso proceso regulatorio «impulsado bajo gobiernos de diferentes tendencias políticas». El marco regulatorio se inició en 2014 y su consolidación se produjo mediante la aprobación de los Reales Decretos 159/2021 y 1030/2022. En las últimas semanas el dispositivo ha recibido el apoyo del Parlamento Europeo a raíz de preguntas directas de representantes del PP que, en su momento, habían apoyado la iniciativa. Vox también se mostró a favor de la medida.

«Convertir una medida de seguridad vial, destinada a salvar vidas, en un elemento de confrontación política es irresponsable. La seguridad de los ciudadanos no puede estar sujeta a intereses partidistas o debates que desvirtúen su finalidad», argumentan los productores.

Los firmantes lamentan también la publicación de informaciones que relacionan el aumento de accidentes durante la última Semana Santa con el uso de la baliza V-16. Aunque indirecto y perifrástico, el ataque a algunos medios parece evidente: «Hay un uso incorrecto de las comunicaciones vinculadas a la solución, lo que compromete su eficacia como herramienta de seguridad vial».

Las declaraciones públicas y las diferentes interpretaciones de algunos representantes políticos también han «contribuido a generar confusión» entre los automovilistas sobre el alcance de la legislación. En definitiva, el clima de confusión en torno al dispositivo «está debilitando la percepción de la obligatoriedad del dispositivo».

Según los fabricantes, la principal consecuencia posible es que los automovilistas no lleven la luz intermitente en su vehículo y se expongan a multas y pongan en riesgo su seguridad. La declaración exige una «comunicación pública clara, homogénea y acorde con el marco normativo vigente», para que los automovilistas «sepan con certeza qué dispositivo deben llevar consigo y cuáles son sus obligaciones reales». Asimismo, piden claridad «para dar estabilidad a un sector empresarial español que genere empleo, actividad económica e inversión».