La Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria en la carrera, ha expresado su «Profunda indignación» por las explicaciones «insuficientes» dictada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en relación con los encuentros con la ex militante socialista Leire Díezsegún el comunicado al que ha tenido acceso laSexta.

«Nuestro deber es exigir explicaciones. Hasta ahora hemos optado por solicitar discretamente a la Inspección Tributaria la realización de las actuaciones oportunas para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades que pudieran derivarse. Lo hemos hecho por respeto a la institución. Pero precisamente porque somos fiscales, y porque nos debemos a la legalidad y a la sociedad, debemos afirmar que la explicación ofrecida por la Fiscalía General del Estado es insuficiente y deja preguntas esenciales sin respuesta«, señalan.

Luego de esto, señalan que «no se trata de una comparecencia ante ninguna fiscalía: la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estadofuera del horario ordinario de atención pública y con intervención directa de funcionarios de primer nivel de la institución.»

«El vago comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado reconoce la existencia de reuniones celebradas con un abogado y señala expresamente que en ellos ‘denunció la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceros que podrían tener relevancia penal, a juicio del abogado informado'», recuerdan.

Sin embargo, como añaden, «No consta la apertura de diligencias encaminadas a verificar dicha información.ni la adopción de acción alguna conforme a los cauces ordinarios previstos por la propia institución. En particular, no se explica la aplicación de los criterios establecidos en la Circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado sobre actividad extraprocesal en la investigación penal, precisamente el instrumento llamado a regular la respuesta institucional a comunicaciones de esta naturaleza.»

El comunicado concluye destacando que la FGE «debe ofrecer una respuesta completa sobre cómo se produjo esta acción, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se desviaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución. La gravedad de los hechos requiere transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades».

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