La Unión Progresista de Fiscales (UPF) envió una carta a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, en la que denuncia “la sucesión de irregularidades instituciones ocurridas en el proceso penal” contra Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, quien fue condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de descalificación por el delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo anunció este viernes la UPF en un comunicado de prensa, en el que afirmó que los hechos observados “no son simples desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicialgeneran una aparente falta de imparcialidad y afectan el equilibrio institucional de un Estado de derecho. »

Entre estos hechos, la asociación destaca “la acumulación de funciones decisivas en un círculo restringido de magistrados«. En concreto, denuncia que los mismos jueces participaron «en la admisión de denuncias, en la valoración inicial de las pruebas, en el control de la investigación, en la revisión de decisiones clave y, finalmente, en la acusación».

Además, los fiscales denuncian que la sentencia sobre García Ortiz fue publicada «sin motivación» durante semanas. La UPF afirma que “ningún sistema de justicia democrático permite que una persona sea declarada culpable sin conocer las bases jurídicas que lo explican”. Agregan que esto “afecta directamente el derecho de defensa, la transparencia y confianza social en las instituciones«.

Medidas extremadamente invasivas

La UPF también denunció lo que considera «una instrucción con medidas extremadamente invasivas«, porque la orden de ingreso y allanamiento a la Fiscalía General del Estado «preveía el almacenamiento masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, a pesar de que los hechos investigados se limitaron a 48 horas».

También destacan un “comportamiento público inapropiado” durante el juicio y las deliberaciones. Mencionan en particular «intervenciones en la sala del tribunal incompatibles con la neutralidad» y «recientes vínculos académicos entre magistrados y fiscales».

Además, mencionan la existencia de «un curso remunerado impartido en medio de un período de deliberación ante uno de los acusaciones popularesSe refieren a una formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acusación popular en el juicio contra García Ortiz, en el que participaron los jueces Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que procesó al fiscal general, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral.

Piden a Satterthwaite que visite España

Por estos motivos, piden a Satterthwaite que «analice los hechos y evaluar si comprometen la independencia judicial» ; “Instar al Estado español a revisar prácticas que puedan violar las normas internacionales; y «considerar una visita oficial a Españacomo prevé su mandato, evaluar el impacto institucional de este asunto».

García Ortiz fue presidente de la UPF, asociación que critica duramente la sentencia del Tribunal Supremo y que exige la publicación de la sentencia íntegra.

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