Ambos pertenecen a una clase de medicamentos llamados fármacos antiamiloides, cuyo objetivo es reducir las placas amiloides que se acumulan en el cerebro y pueden causar deterioros cognitivos y funcionales relacionados con la enfermedad de Alzheimer.

Hasta ahora sólo existían fármacos dirigidos a los síntomas, pero la nueva generación de fármacos pretende atacar el origen de la enfermedad en sus primeras fases para frenar su progresión. A pesar de esta promesa, lecanemab y donanemab causaron controversia porque los beneficios clínicos no parecían ser tan significativos en algunos casos y porque entrañaban riesgos de edema cerebral y hemorragia en algunos pacientes. Fueron casos leves que se resolvieron por sí solos, pero estos efectos secundarios podrían tener consecuencias fatales. Ahora sabemos que el riesgo de hemorragia cerebral está relacionado con el uso concomitante de anticoagulantes, un tratamiento habitual en las personas mayores.

Tras la aprobación de estos dos fármacos por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el siguiente paso era su posible financiación por parte de los estados miembros. Y con esto surgió una nueva polémica entre Lilly, el laboratorio que comercializa donanemab, y el Ministerio de Sanidad, tras su decisión del 15 de julio de no financiar Kisunla (donanemab).

Lilly y Health, cara a cara en precio

En un movimiento sin precedentes, Julio Gay-Ger, presidente y director general de Lilly España, Portugal y Grecia, publicó el jueves una carta abierta mostrando su «tristeza» por la decisión. Ante la «sorpresa» y la «decepción» que esto provocó en la farmacéutica, Gay-Ger asegura que mientras sigue trabajando por la financiación pública, donanemab Estará disponible en España a través del sector sanitario privado para pacientes que, previa valoración por su especialista, cumplan con los criterios clínicos establecidos. «Cuando existe una opción de tratamiento aprobada para una enfermedad tan devastadora, ya no podemos retrasar su disponibilidad», afirmó.

Sólo en España, la enfermedad de Alzheimer afecta a unas 800.000 personas y cada año se realizan alrededor de 40.000 nuevos diagnósticos. En un 90%, en personas mayores de 65 años, ya que se trata de una patología muy ligada al envejecimiento. También se estima que más del 50% de los casos leves siguen sin diagnosticarse.

A modo de alusión, respondió este viernes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a través de su cuenta X, donde califica de «bastante sorprendente» la afirmación de Lilly. Asegura que nadie tiene más interés, «ni siquiera ninguna empresa farmacéutica», que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus familias, pero que los tratamientos de los que hablamos «tienen un valor clínico muy dudoso y han sido cuestionados por múltiples agencias de evaluación de todo el mundo. De hecho, ningún país de la UE los ha financiado con carácter general y sólo tres (Alemania, Austria y Luxemburgo) con un presupuesto muy, muy restringido y restrictivo).

Padilla afirma categóricamente que “no estamos hablando en absoluto de tratamientos cuyo efecto vaya a revolucionar la situación clínica de las personas con Alzheimer. Y esto debe quedar claro, porque de lo contrario estaríamos engañando a las personas con Alzheimer y a sus familiares, y eso es lo primero que no se debe hacer. Por eso, a la farmacéutica le molesta que el precio de estos tratamientos sea altísimo y “por sí solos, estos medicamentos no pueden justificar los precios que se ofrecen”.

Pese al cruce dialéctico, ambos partidos se han mostrado dispuestos a continuar las negociaciones para que los fármacos acaben siendo financiados por el sistema público. Y en medio de esta polémica, la Sociedad Española de Neurología (SEN), que reúne a los especialistas que atienden a diario a estos pacientes, pidió «con contundencia» a la ministra de Sanidad, Mónica García, al secretario de Estado de Sanidad y presidente del CIPM, Javier Padilla, y a los representantes de las Comunidades Autónomas que «reconsideren esta resolución».

La SEN expresó su “profundo pesar” por la decisión adoptada el 15 de julio de 2026 por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos de no incluir en la financiación pública los medicamentos lecanemab y donanemab para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer precoz, limitando así su acceso a la prescripción en el sector privado.

La doctora Raquel Sánchez-Valle, coordinadora del Grupo de Comportamiento y Demencia de la Sociedad Española de Neurología (SEN), destaca que “las principales agencias de medicamentos del mundo, incluida la europea (EMA), han dictaminado que El balance eficacia-seguridad es positivo y por eso se comercializa«Varias agencias reguladoras respaldan esta valoración positiva, y en este sentido, por ejemplo, en Estados Unidos, estos tratamientos están disponibles desde hace aproximadamente 3 años, con datos que respaldan la seguridad y satisfacción de su uso en la práctica clínica habitual», subraya.

Aunque reconoce que los primeros fármacos que llegan al mercado no son los que cambian de campo y siguen siendo óptimos, «ahora mismo eso es lo que tenemos, están aprobados y nos permiten abrir la puerta a fármacos más eficaces y más baratos».

Desigualdad entre pacientes

Según él, el hecho de que este fármaco esté disponible en España en la sanidad privada pero no en la pública tiene «implicaciones clínicas para los pacientes» y representa una «situación de desigualdad». «Habrá pacientes que podrán recibirlo si pueden financiarlo. Esto nos sitúa a los neurólogos en una situación sin precedentes hasta el momento», advierte el especialista de la SEN en conversación con ABC.

Los neurólogos consideran que esta barrera económica «vulnera el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), creando diferencias inaceptables en función de la capacidad económica de los pacientes y sus familias y rompe los principios de universalidad y cohesión que inspiran nuestro sistema sanitario y del que tanto estamos orgullosos. Además, enfrentará a los profesionales del SNS a un dilema ético sobre las recomendaciones que deben hacer a los pacientes que podrían beneficiarse de estas terapias».

Excluir estos medicamentos del SNS, subraya la SEN, “retrasa la modernización de la atención pública a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como la formación de nuestros profesionales, formados principalmente en centros públicos y de investigación en la materia.

La incorporación ordenada de estos fármacos supondría «la mejora de los circuitos diagnósticos y de las redes de atención especializada que beneficiarían no sólo a los pacientes que reciben estos fármacos, sino también a todos aquellos sospechosos o afectados por algún tipo de deterioro cognitivo, como han podido comprobar los neurólogos en las últimas décadas con la introducción de novedosas terapéuticas en casos de ictus, esclerosis múltiple o migraña».