La revisión propuesta del Ley de ciberseguridad (CSA) presentado por el Comisión Europea El 20 de enero puso en alerta a los operadores de telecomunicaciones. En una carta dirigida al presidente de la Comisión, Úrsula von der LeyenSegún reveló recientemente la publicación ‘POLITICO’, las principales asociaciones del sector, GSMA y Conectar EuropaAdvierten que una «sustitución a gran escala» de proveedores considerados de riesgo en las redes de telecomunicaciones «no puede llevarse a cabo sin perturbar la calidad y disponibilidad del servicio durante y después de la transición».

Las asociaciones afirman que esta medida supondrá «un acto de autolesión para Europa» y que todos los sectores económicos «pagarán el precio». Este posicionamiento responde al enfoque más estricto adoptado por la CSA, que introduce medidas para gestionar los riesgos asociados a los proveedores designados como críticos, muchos de ellos de origen no europeo. convirtiendo en obligatorias medidas que hasta ahora eran voluntarias.

La iniciativa contempla la retirada progresiva de determinados equipos a lo largo de un periodo de tres años. Como reconoce la propia Comisión Europea en su documento de evaluación de impacto, este proceso podría generar unos costes anuales de entre 3.400 y 4.300 millones de euros a los operadores móvilescon un impacto acumulativo de hasta 21.500 millones de euros en cinco años. Este esfuerzo inversor podría, según la CE, poner a prueba la capacidad financiera del sector, que ya se enfrenta a elevados costes de despliegue y modernización de la red.

En su comunicación al presidente Von der Leyen, GSMA y Conectar Europa Advierten que «el alcance de las medidas para el sector de las telecomunicaciones es inusualmente amplio y desproporcionado» y que se han subestimado considerablemente los efectos económicos, operativos y para los usuarios. Además, aseguran que la eliminación total de equipos en redes fijas y móviles «va más allá de lo necesario» para alcanzar los objetivos del Reglamento. También consideran que los líderes políticos “deben reconocer la seguridad jurídica necesaria, especialmente cuando ya se han alcanzado acuerdos”. y se están implementando medidas nacionales”.

Ambas asociaciones instan a la Comisión, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros Colaborar estrechamente con la industria para evaluar las consecuencias operativas, financieras y para los usuarios de la propuesta, con el objetivo de garantizar que la legislación final es proporcional, coherente y viable en términos operativos.

Previamente, tanto GSMA como Connect Europe Ya habían manifestado en varias ocasiones que la propuesta de Ley de Ciberseguridad implicará un aumento importante de costes. El director ejecutivo de GSMA, Vivek Badrinathha defendido la sustitución progresiva de los equipos, ligada a su fin de vida útil, en lugar de optar por sustituciones forzosas. En las últimas manifestaciones ha subrayado que «Esta norma tendrá un impacto en los ciclos de inversión que es necesario evaluar».

Tras el anuncio de la propuesta por parte de la Comisión Europea, los grandes operadores también han expresado su preocupación. En España, la Meinrad Spenger, director general de MasOrangese ha posicionado contra la exclusión indiscriminada de proveedores, defendiendo la colaboración con los mejores socios tecnológicos y la adopción de medidas específicas de protección en infraestructuras sensibles, en lugar de optar por vetos generales.

Por su parte, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayoha calificado la propuesta de «agresiva» en diferentes intervenciones, advirtiendo del elevado impacto económico para el sector y del riesgo de que Europa retrase el despliegue y la densificación de las redes desviando recursos de inversión. hacia la retirada de equipos de proveedores de alto riesgo.