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los pasos que vienen tras la condena de García Ortiz y su inhabilitación

los pasos que vienen tras la condena de García Ortiz y su inhabilitación
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  • Publishednoviembre 22, 2025


La condena de Álvaro García Ortiz por parte del Tribunal Supremo abre un escenario complejo: La descalificación sólo surtirá efecto después de la publicación del premio.pero esto podría implicar su salida del cargo, la necesidad de nombrar un nuevo fiscal general e incluso su posible expulsión de la carrera fiscal.

Hasta que se publique oficialmente la decisión de la Corte Suprema, el exclusión de dos años No se aplicarán las sanciones impuestas al Fiscal General del Estado. Una vez notificado, García Ortiz debería dejar el cargo (por dimisión, ya que no puede ser destituido de su cargo) y el Gobierno debe proponer un nuevo fiscal general.

Mientras tanto, quien asuma temporalmente estas funciones sería su número dos, la Fiscal de Sala María Ángeles Sánchez Condequien ya representó a la acusación durante el juicio.

¿Qué puede hacer ahora García Ortiz?

Las únicas vías disponibles son presentar una incidente de nulidad ante el propio Tribunal Supremoun procedimiento excepcional que casi nunca tiene éxito, pero imprescindible para poder llevar el asunto al Tribunal Constitucional. O, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucionaluna vez agotada la vía anterior.

Si pide protección, García Ortiz podría pedirla al TC suspensión protectora de la penaincluso si los tiempos no le favorecen: es muy probable que el proceso de ejecución de la sentencia se active incluso antes de que el Tribunal Constitucional decida si admite o no a trámite el recurso.

El Supremo lo condena por revelar secretos

La Corte Suprema impuso una inhabilitación de dos años a García Ortiz y una Multa de 7.200 euros por el delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, socio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Además, debe compensarle con 10.000 euros por daño moral.

La decisión no fue unánime: cinco jueces la apoyaron, mientras que dos jueces (Ana Ferrer y Susana Polo) votaron en contra. Polo, quien fue la magistrada encargada de redactar la sentencia, fue destituida de su cargo por su inconformidad, que finalmente asumió el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta.

Esta es la primera vez en la historia democrática que un fiscal general de un estado ocupa un puesto en el tribunal.

¿Puede García Ortiz perder su condición de fiscal?

Más allá de la acusación, la condena puede tener otra consecuencia muy impactante: expulsión de la carrera fiscal. Fuentes jurídicas explican a Europa Press que, aunque la recusación dictada por el Tribunal Supremo se refiere expresamente al cargo de Fiscal General, García Ortiz deberá solicitar el reingreso a la carreraya que actualmente se encuentra en los «servicios especiales».

El problema es que el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio de Hacienda establece que la condición de fiscal se pierde cuando se impone una pena principal o accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Además, Artículo 32 del Reglamento del Ministerio Público Dice lo mismo y agrega que la condición también se pierde al ser condenado por delito doloso. Es por esta razón que los juristas destacan que La sentencia podría impedirle regresardependiendo de cómo el tribunal detalle el alcance exacto de la inhabilitación en el texto final.

El proceso de reingreso: hasta seis meses para decidir

Si García Ortiz pide regresar, la Inspección de Hacienda abrirá un procedimiento formal en el que tendrá que escucharlo y recoger pruebas. Luego, la Inspección presentará un informe al nuevo Fiscal General. A continuación, el fiscal general escuchará al Consejo Fiscal y luego presentará una propuesta al Departamento de Justicia, que decidirá.

La ley fija un plazo máximo de seis meses. Si no hay respuesta expresa, La solicitud se entenderá denegada por silencio administrativo.. Si se niega el reingreso, No podrás pedir más hasta tres años despuésexcepto recuperación de capacidad. Y siempre con la posibilidad de recurrir la denegación por un litigio administrativo.

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