Los periodistas de la corte han respondido con fuerza al cita según lo investigado por cuatro periodistas acusado de Revelación de secretos. El Tribunal de Instrucción 20 de Madrid citó a cuatro periodistas ‘El País’, ‘El Mundo’ y ’20 minutos ‘para declarar el 19 de junio para publicar un informe sobre el UCO del caso contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Dado esto, los profesionales de la información especializados en la corte, aproximadamente medio cien, incluidos los de Lasexta, han firmado un manifiesto en el que muestran su «desacuerdo» Con la decisión del titular del tribunal en cuestión, Adelaida Medrano.

En él, señalan, muestran su desacuerdo a lo que consideran que la apertura de esta investigación «puede afectar seriamente el El derecho de la sociedad a la información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme importancia social e institucional. «» Si los periodistas que Se han limitado a cumplir con su deber Constitucional para difundir información contrastada adecuadamente en una cuestión de interés público indudable están sujetos a investigaciones penales para ejercer su comercio, cubierto por el Artículo 20 de la Constitución, tanto ellos como sus fuentes de información sufrirán el efecto disuasorio (‘efecto escalofriante’) que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudiciales para las sociedades demócratas democráticas «, los tensiones de la declaración.

La cita ocurrió después de las quejas hechas por las defensas de los investigados y la acusación privada. Los periodistas están acusados ​​del mismo delito por el cual se investiga al fiscal general del estado y al fiscal principal de Madrid en la Corte Suprema, a quien se atribuye a lo posible. Filtración de un correo electrónico del abogado del novio de Isabel Díazen el que reconoció en su nombre dos crímenes fiscales.

El fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, Presentó una queja Después de la publicación de este informe en el que se analizó el contenido de su móvil y correo. El juez Hurtado acordó derivar su queja ante los tribunales de Madrid, así como los presentados por el fiscal general y el novio de Ayuso, competente para investigarlo. Después de eso, el Tribunal de Instrucción 20 acordó abrir procedimientos y citar a los editores.

Dado esto, los periodistas afirman que dicha denuncia del fiscal se refirió al Artículo 301 de la Ley de Procedimiento Penal, que se refiere a las partes al proceso judicial, pero «en No hay caso para los profesionales de los mediosdisfrutar sECRET profesional que consagra la constitución española. «Y recuerde que este secreto profesional es una» garantía «que los periodistas disfrutan contra la posible interferencia de poder que disuade su función constitucional.

Los periodistas suscriben su «respeto total» a la independencia judicial y su convicción de que los periodistas, «como todos los ciudadanos», están sujetos a la ley y la justicia.

Finalmente, terminan, los editores de los tribunales afirman «la independencia, profesionalismo y honestidad de los colegas investigados» y de aquellos que podrían ser vistos en la misma situación, «ya que hay múltiples medios que han estado publicando de la misma manera el contenido de la causa antes mencionada».