vale la pena recordar que los sindicatos de la llamada Área de Negociación (con legítimo derecho a negociar) cerró un acuerdo con el Ministerio de Sanidad el pasado mes de enero donde se acordaron medidas irrenunciables que incluían: el derecho a la jubilación anticipada y parcial, límites de guardia a las 17.00 horas o una jornada laboral semanal máxima de 45 horas semanales,…

En opinión de estas organizaciones sindicales, «el verdadero objetivo de los gobiernos regionales con esta oferta se pretende retrasar o impedir la entrada en vigor de medidas que, si bien mejoran y fortalecen los derechos laborales, no responden a sus intereses al establecer límites a una discrecionalidad que ha permitido mantener profundas desigualdades entre los distintos servicios de salud.»

Esta propuesta «no responde a un deseo de perfeccionar el texto», han asegurado.

Por ello, han instado a las regiones a explicar el motivo de su oposición. «a una norma que amplíe derechos, mejore las condiciones laborales y homogeneice garantías para todo el personal estatutario del SNS».

«La carta enviada por las comunidades al Ministerio de Salud representa un intento de cuestionar el proceso de negociación colectiva desarrollado durante años en el ámbito legalmente competente para ello y detener una reforma largamente demandada», Han discutido.

«Es difícil entender que quienes durante más de 20 años han ejercido como Administraciones patronales del SNS pretendan ahora desacreditar un proceso de negociación desarrollado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales legitimadas para representar al personal estatutario», han subrayado.

El texto del Anteproyecto de Ley «supone el mayor avance en materia de derechos laborales del personal estatutario desde la aprobación de la Ley 55/2003», prosiguieron.

Así, «es igualmente contradictorio que las mismas administraciones que exigen volver al punto de partida sean las que tienen amplias competencias para mejorar las condiciones laborales y, sin embargo, no hemos impulsado, con la misma determinación, medidas de fortalecimiento de la plantilla».

No invade poderes

Han indicado que tampoco lo han hecho «racionalizar la jornada laboral, reducir la temporalidad, prevenir riesgos laborales, mejorar la organización de los cuidados o negociar avances en sus propias mesas sectoriales».

En cualquier caso, han insistido en que el nuevo Estatuto Marco «no invade competencias autonómicas ni limita la capacidad de gestión de los servicios de salud, sino que establece un marco común de derechos».

Por último, y dado que esta norma «aún es susceptible de incorporar mejoras durante su tramitación parlamentaria»han reiterado que «los profesionales no necesitan volver al punto de partida», sino «que, por fin, una reforma largamente negociada se convierta en derechos efectivos y en una mejora real de sus condiciones laborales».