Un cambio radical de las regulaciones financieras de los partidos políticos y el de la información patrimonial de los representantes públicos para poner fin a la corrupción y las «bolas». That is the latest proposal of the technicians of the Ministry of Finance (Gestha), who have raised 25 measures to minimize the risks of fraud and corruption in public procurement, after considering that the 18% increase in complaints indicate an increase in illicit practices after analyzing the indicators selected by the Independent Office of Regulation and Supervision of the Contracting (OIREScon), an independent collegiate body attached to the Ministry of Finanzas.

De Gestha exigen «un mayor compromiso» de las personas que dirigen a las administraciones públicas con las leyes de transparencia de sus respectivos campos, limitando las causas de la negación de la información que «siempre estarán motivadas sin usar argumentos estereotipados y evitando que las administraciones interpusieran la apelación contra las resoluciones de la transparencia y el buen consejo gubernamental, excepto por razones muy excepcionales».

Del mismo modo, los técnicos sugieren publicar anualmente una lista de personas condenadas con oraciones firmes por casos de corrupción, particularmente por delitos de financiamiento ilegal de partidos políticos, corrupción en los negocios, vendedores de influencia, soborno, fraude, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, la prevaricación, la sobrerzamiento, las negociaciones prohibidas a los oficiales y el lavado de dinero. Entre las modificaciones legales, GESHA propone, entre otras, modificar las regulaciones financieras de los partidos políticos y la de la información patrimonial de los representantes públicos, incluidas las sanciones por su incorrecta o extemporánea no cumplimiento o cumplimiento, así como de desconcentar el poder de la decisión de alquiler por la decisión tomada en los organizaciones universitarias.

Entre las medidas de la organización, los técnicos proponen atribuir «claramente» las funciones, competencias y responsabilidades esenciales de los trabajos que garantizan la función de supervisión y control de la intervención general del estado (IGAE) y de las intervenciones regionales, regionales y locales, así como los procedimientos de investigación irregulares por los IGAE y los cuerpos de control interno de las comunidades autónomos. En este sentido, el sindicato de los técnicos afirma aumentar progresivamente las plantillas de la IGAE, la Agencia Tributaria (AEAT), las Haciendas Foral y los servicios fiscales autónomos al promedio de los países europeos, ya que, como se señaló, «España tiene un déficit de técnicos para el control que necesita el tamaño del país», proporcionando itinerarios de capacitación especializados.

Likewise, the technicians are committed to increasing the research technical personnel of the offices and anti -brain agencies of Andalusia, Catalonia, Valencian Community and Navarra, as well as by adopting the necessary measures to overcome the «crisis» in the Agency for Prevention and Fight against Fraud and Corruption of the Valencian Community (AVAF), caused by the remodeling of the form of appointment of its director The persecution of corruption, Supresión del Comité de Ética, los estándares del nuevo Código de Conducta y la supresión de su Consejo de Participación.

Por otro lado, Gestha aconseja crear agencias anti-arud con funciones de investigación en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, ExtremeDura, Community of Madrid, Region of Murcia, La Rioja y el país base, proporcionándoles un personal suficiente y medios de la comunidad de Galicia (OCEX) y la audiencia de la audiencia de la cuenta de la cuenta de la cuenta.

En este sentido, los técnicos destacan la importancia de recuperar el cargo de prevención y luchar contra la corrupción de las islas Baleares (AIB), suprimidas por el Parlamento Balear en marzo de 2024, así como la creación de las oficinas anti -fraude de ámbitos locales en municipalidades de más de 200,000 inabitantes, como los que ya se crearon en madrid y barcelona. De esta manera, estas oficinas independientes se crearían para la contratación local de los municipios de Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Bilbao, Córdoba, Valadolid, Vigo, Gijón, Vitoria-Gaste, A Coruisto, Elche, Granada, Granada, Granada. Terrassa, Sabadell, Oviedell, Oviedo Border, Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona y Almería. En este sentido, Gestha alienta a promover una coordinación efectiva y colaboración entre los organismos de control de gastos de las diferentes administraciones territoriales y con el Tribunal de Cuentas.

Entre las medidas preventivas, los técnicos proponen aprobar la estrategia nacional anti -fraudio con criterios unificados y acciones coordinadas entre las oficinas de antrifraudas y las agencias fraude en las primeras etapas, asegurando la protección del demandante, especialmente si tiene una relación oficial o laboral con la entidad denunciada.