Unos 190 venezolanos llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, procedentes de Texas. La Administración de Donald Trump los deportó con el estigma de indeseables o simples criminales. El Gobierno de Nicolás Maduro los recibió con honores y como parte del retomado plan «Plan Vuelta a la Patria». El Palacio de Miraflores asegura que es parte de lo pactado con el enviado especial del multimillonario republicano, Richard Grenell. El alcance de esas conversaciones, semanas atrás, provoca todavía desconcierto en el antimadurismo. La oposición esperaba una política más agresiva de la Casa Blanca que, hasta el momento, decomisó un avión que se encontraba en República Dominica. La medida que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en tono triunfal, provocó apenas una modesta queja de Caracas, más atenta al curso de lo discutido con Grenell. Otro de los indicios de que no es solo la cuestión migratoria lo que se discutió en esa oportunidad está relacionado con la renovación por seis meses de la licencia de la petrolera norteamericana Chevron para continuar sus operaciones en Venezuela.