La clase política francesa está a la espera de este martes del juicio que decidirá el futuro de la líder de extrema derecha Marine Le Pen. favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2027 pero eso puede impedirse mediante una condena de inhabilitación por financiación ilícita de su partido.

Condenado el pasado mes de marzo en primera instancia a cuatro años de prisión, dos de ellos sin cumplimiento, y cinco de inhabilitación con aplicación preventiva, Le Pen confía su futuro a un cambio radical de Apelación que le permitirá afrontar su cuarto asalto al Elíseo, tras haberse quedado corta en los dos últimos.

La líder de extrema derecha acudirá al tribunal de París para el primer día de un juicio que durará un mes y en el que está previsto que testifique la próxima semana.

Antes, Le Pen pasará por la Asamblea Nacional en un día clave porque se reanudan los debates para la aprobación de los presupuestos de 2026, en una señal de que piensa combinar su agenda judicial con la política.

Lo mismo que con la campaña para las elecciones municipales de marzo, donde su movimiento político aspira a seguir siendo el más votado.

Le Pen ha asegurado que volverá a defender su inocencia, algo que no le ayudó en primera instancia, cuando los jueces dieron por probado que había heredado de su padre y promovió una trama para desviar fondos del Parlamento Europeo para financiar su partido.

En total, más de 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016 con los que pagaron con la atribución de asistentes parlamentarios a personal que trabajaba para el partido, como su propio guardaespaldas.

Sólo la mitad de los 24 condenados en marzo, incluidos parlamentarios y asistentes europeos, han apelado la sentencia, mientras que el resto la aceptó, lo que socava los argumentos de la defensa.

El Tribunal de Apelación puede confirmar la sentencia de primera instancia, que acabaría con sus opciones electorales, pero también puede mantener la culpa sin decidir sobre la aplicación preventiva de la inhabilitación, lo que le permitiría presentarse a las elecciones presidenciales previstas para 2027.

El partido ya tiene un plan B en la figura de Jordan Bardella, el delfín político de Le Pen, que a sus 30 años también aparece como favorito en las encuestas, pero al que muchos le reprochan su falta de experiencia política en un momento en el que Francia necesita una voz fuerte en un mundo con muchas crisis internacionales.

El propio Bardella espera su momento, sabe que si Le Pen puede postularse tendrá que dar un paso atrás, pero intenta mostrarse como un estadista para tomar el relevo en caso de que la justicia detenga a su mentor.

Algo que, de ocurrir, consideró este lunes sería «profundamente perturbador para la democracia» porque privaría a los franceses de un candidato con mucha experiencia y favorito «indiscutiblemente» para la victoria.

El resto de la clase política también está prestando atención a esto, sabiendo que la identidad del candidato de extrema derecha será un factor esencial en la elección del sucesor de Emmanuel Macron.

Le Pen ya ha asegurado que si es condenada y descalificada de nuevo, dimitirá de la carrera del Elíseo sin esperar el recurso ante el Tribunal Supremo, que se espera antes de fin de año, lo que la dejaría sin tiempo para hacer campaña.