Los ayuntamientos españoles no renuncian al dinero que genera el automóvil. A pesar del discurso de restricciones ambientales, la Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) sigue siendo una herramienta de recolección implacable que drena 4 mil millones de euros anualmente del bolsillo de los ciudadanos.

Según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA)un total de 37,8 millones de titulares Están obligados a realizar el check out, independientemente de que sus vehículos estén circulando o permanezcan parados en un garaje.

El mapa del sábado fiscal

La presión tributaria no es uniforme en todo el territorio nacional. Durante el último ejercicio financiero, ciudades como Jaén, Pamplona, ​​San Sebastián, Soria y Vitoria han incrementado sus tarifas, mientras que sólo Almería, Huesca y Valladolid Han aplicado descuentos.

Mario Arnaldopresidente de AEAdenuncia en Kilómetro Cero la discrecionalidad que permite la normativa vigente: «La ley permite a los ayuntamientos incrementar las tasas hasta el doble del tipo mínimo». Esta situación ya se da en ocho capitales de provincia, mientras que otras siete aplican desde hace años el máximo legal.

Paraísos fiscales en la montaña

Esta brecha fiscal ha generado un fenómeno de «paraísos fiscales» internos. Muchas empresas de alquiler y alquiler concentran sus flotas en municipios pequeños para reducir costes.

es el caso de La Hiruelaen Madrid. Con apenas 88 registradoseste municipio registró el registro de 69 vehículos por habitante el año pasado. Para Arnaldoestas cifras demuestran una distorsión absoluta del sistema: «El trato fiscal favorable hace que el número de vehículos en estas localidades supere ampliamente el número de habitantes empadronados», situando sus tasas de motorización por encima de potencias como Estados Unidos o Japón.

Diferencias del 900% entre ciudades

el informe de AEA destaca que la diferencia de precios entre el municipio más caro y el más barato alcanza 900%. Los ayuntamientos de estos pequeños pueblos reciben lo que llaman “la lotería del número pequeño”, obteniendo ingresos millonarios por coches que, en la mayoría de los casos, nunca circularán por sus calles.

Mientras tanto, los contribuyentes de las grandes capitales soportan cargas tributarias máximas bajo la justificación de la sostenibilidad que no se traduce en alivio fiscal.