La medida que ha conmocionado a los grupos vulnerables, especialmente a los inmigrantes extranjeros; Así describe el diario digital Rue20 la no aprobación por parte del Parlamento español del «escudo social», el paquete de protección diseñado para contrarrestar los efectos de la crisis económica y el aumento del coste de la vida. Entre estas medidas estaba la prohibición del desalojo de familias que no tuvieran una vivienda alternativa.

Ahora, alrededor de 70.000 familias, incluidos inmigrantes marroquíes, corren el riesgo de perder sus hogares sin ninguna alternativa garantizada, especialmente madres solteras, ancianos con pensiones bajas y trabajadores con contratos temporales o ingresos inestables.

El impacto no se limitó a la vivienda. La cancelación o reducción del subsidio social a la energía ha puesto a un millón de personas en riesgo de pobreza energética. Este grupo se ve ahora obligado a elegir entre calentar sus hogares o cubrir sus necesidades básicas, dejando a los ancianos expuestos al frío y a los niños con dificultades para estudiar debido al racionamiento eléctrico, destaca Digital.

La decisión desató un debate político y mediático. Los detractores argumentan que deja sin protección a los grupos más vulnerables directamente expuestos a la crisis. mientras sus partidarios defienden la necesidad de reorganizar el gasto público