Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Carlos Mur al frente de la Dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid y presunto creador de los llamados ‘protocolos de la vergüenza’, reconoció este martes que fueron discriminatorios. Esto es lo que ha confesado al juez, y es Justo lo contrario de lo que él mismo aseguró en la comisión investigadora de la Asamblea de Madrid.

«Si usted entiende que es discriminación que a un paciente se le asigne un determinado tratamiento y a otro no, entiendo que es la práctica médica habitual», sostuvo en 2021. Pero este martes ante el juez dijo lo contrario y Ha responsabilizado a su jefe, Carlos Murel ex director de Coordinación Sociosanitaria que firmó esos protocolos.

Martínez Peromingo ha asegurado que le advirtió en varias ocasiones que eran discriminatorias y También ha dicho que tiene pruebas porque lo hizo por mail y por whatsapp. Por ello, señaló, estos protocolos continuaron modificándose. El problema es que 7.291 personas murieron en el camino sin poder ir al hospital.

En otra rectificación de Martínez Peromingo él mismo ha reconocido que hubo muchas residencias de ancianos que no estaban medicalizadas y no contaban con los recursos necesarios para atenderloscomo siempre ha defendido la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intentado hacer un batiburrillo para defenderse, mezclando denunciantes y asociaciones. Incluso ha hablado de gente frustrada que sólo busca vender libros.s. «Es que al frente están activistas políticos que actúan bajo el lema ‘hay que torcer el dolor de las víctimas’. El negocio de cuatro personas frustradas que buscan o vender libros o volver a conseguir un lugar en las listas electorales», afirmó el presidente madrileño.

«Sólo hay una operación política que sólo intenta decirle a los madrileños que no saben lo que votan y que son estúpidos», prosiguió Ayuso.

Pero los citados este martes ante el juez fueron tres, sólo los otros dos ni siquiera han aparecido. La fiscalía ha pedido al juez que busque y capture a estos dos altos cargos de la Comunidad de Madrid: Carlos Mur y Pablo Busca.

Ambos están desaparecidos, dando un desliz al tribunal y a las víctimas, que exigen que «Ya que fueron lo suficientemente valientes para firmar algunos protocolos, que ahora sean lo suficientemente valientes para levantarse y decir la verdad.También han dejado solo en el comunicado a Francisco Peromingo, que ha arrasado con la responsabilidad hacia Mur, la misma que él mismo le señalaba hace tiempo. “Él lógicamente entendió que estaba avalado y que su criterio eran las propuestas de colaboración de los geriatras”, y por eso lo firmó, tal y como declaró en febrero de 202.

El juzgado de Plaza Castilla los considera imposibles de rastrear. Sin embargo, y según el perfil de linkedIn de Carlos Mur, ahora podría estar en Andorra, donde hasta hace unos meses era director de un área de salud mental. Actualmente es profesor asociado en una universidad de Madrid, pero no confirman si asiste presencialmente al campus o no.

Por otro lado, Pablo Busca, exdirector del SUMMA112 -responsable de los traslados en ambulancia- dimitió hace un mes de su último cargo en el servicio vasco de salud. Este miércoles y en un caso paralelo en Collado Villalba, otro de los municipios donde hubo víctimas, son llamados a declarar. Habrá que ver si están localizados y si Mur apunta a otro lado para saldar responsabilidades. Mientras las víctimas esperan Justicia.

7.291 personas

Ramona cuenta que su madre pasó más de 20 días encerrada en una habitación tras enfermarse en la residencia. «Si hubieran remitido a principios de marzo a mi madre, que falleció un mes después, se habría salvado», afirma a laSexta. Una falta de asistencia que justificaron en el centro por la existencia de un protocolo que no permitía derivar a los hospitales a los residentes enfermos.

«Protocolos que obligaron a 7.291 personas a sufrir muertes indignasmuriendo durante días», afirmó Maite Rodríguez, portavoz de la asociación ‘7.291 Verdad y Justicia’. Fueron los días más duros de la pandemia, cuando el Gobierno de Ayuso envió hasta cuatro documentos con este tipo de órdenes a las residencias.

Un triaje en el que se especificaba que las personas con determinadas dependencias o discapacidad eran atendidas, idealmente, en las propias residencias. «Los dejaron morir indignamente, los abandonaron a una suerte cruel y lo que esperamos es que haya justicia, reparación», afirmó Carmen López, portavoz de la asociación Marea de Residencia.

El dolor de sus familiares, más de 5 años después, les hace no perder la esperanza de que se acabe haciendo justicia.

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