La semana pasada el Congreso de los Diputados rechazó una reforma legal para que los trabajadores con 40 o más años cotizados puedan jubilarse anticipadamente sin ser penalizados con coeficientes reductores en el importe de la pensión, de modo que las carreras largas de cotizaciones seguirán viendo reducida su pensión tras una jubilación voluntaria antes de la edad ordinaria de jubilación. PSOE y PP provocaron que no saliera adelante al votar en contra de una enmienda de Podemos -apoyada por el resto de grupos de la Cámara Baja, incluido Sumar, que comparte gobierno con los socialistas, y también Junts, UPN y Coalición Canaria, y con la abstención de Vox-, presentada al proyecto de ley que regula la jubilación alternativa de las mutuas profesionales, que sí logró el apoyo a este puente.

La modificación modificaba la ley de la Seguridad Social, dejando sin efecto la aplicación de los coeficientes reductores del importe de la pensión en función del anticipo con el que se accede a la jubilación «cuando el trabajador acredite un período de cotización de 40 años» y contemplaba que aquellos trabajadores que hubieran accedido a la pensión con más de 40 años de edad «podrán solicitar al Instituto Nacional de Seguridad Social el recalculo de su pensión de acuerdo con las normas contenidas en esta ley». En el caso de que esta revisión dé lugar a un aumento de la pensión, éste se aplicará «desde el momento en que sea notificado al interesado», es decir, no tendrá carácter retroactivo.

Una vez consumado el rechazo, la indignación de estos prejubilados con más de 40 años de cotizaciones ha ido en aumento y ya hablan de «traición histórica». La principal asociación de este grupo, Asjubi40, acusa directamente a los dos grandes partidos de dar la espalda a cientos de miles de pensionistas, «de mentirnos en la cara» y de «decirnos que comprenden nuestra injusta situación, pero cuando llega el momento nos vuelven a cerrar la puerta en la cara», afirman fuentes de la asociación, que acusa a socialistas y populares de las «contradicciones entre el discurso político que defienden y lo que votan en la cámara».

Fuentes de esta asociación también acusan a PSOE y PP de aprobar la puerta de entrada de los mutualistas a la Seguridad Social «sin tener que pasar por el Pacto de Toledo y, sin embargo, para la misma ley y sesión del Congreso exigen que nuestra demanda pase por el Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo Social». Para los jubilados de Asjubi40 la respuesta «es muy sencilla: sólo hay que ver el número de diputados, senadores, funcionarios públicos… de PSOE y PP que son abogados, médicos, ingenieros o arquitectos -mutualistas afectados por la pasarela- y compararlo con el número de aquellas personas que tienen más de 40 años de cotizaciones. ¿Qué es lo prioritario e imprescindible? El tuyo, ¿no? Pues eso».

La votación de este jueves contrasta con el resultado de una moción de noviembre de 2025 que pedía exactamente lo mismo, sólo que entonces carecía de carácter legislativo y no implicaba una obligación legal, era sólo un llamado a la acción. En esa votación el PSOE sí apoyó la propuesta de Podemos. El Ejecutivo cifró entonces el coste de impulsar la reforma legal en 3.358 millones de euros, de los cuales 1.345 millones derivan de la eliminación de los coeficientes para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria y los otros 2.013 millones para los casos de jubilación anticipada involuntaria.