Propietarios de viviendas víctimas de okupas y okupas En España contienen la respiración. Este martes, El Gobierno lleva al Congreso de los Diputados la validación del decreto ómnibus aprobado el pasado mes de diciembre y en el que el Ejecutivo volvió a mezclar medidas tan dispares como el decreto antidesahucios y la revalorización de las pensiones.

No es la primera vez que el Gobierno utiliza la subida de las pensiones para aprobar simultáneamente otras medidas que nada tienen que ver con el colectivo de jubilados. De hecho, hace apenas un año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez utilizó la misma estrategia para cepa, entre otras medidas, la prórroga del decreto antidesalojos en otro autobús. Plataformas de propietarios como «Afectados por la ocupación y la preocupación» han calificado esta artimaña como «trampa legislativa» y «chantaje».

Mal pronóstico para Sánchez

«El Gobierno ha vuelto a incluir la prórroga de la suspensión de desahucios y desahucios dentro de un paquete de medidas urgentes, mezclándola estratégicamente con las pensiones y las ayudas sociales necesarias, para proteger una política que fomenta la impunidad de los okupas y okupas y la desprotección de los pequeños propietarios», señalaron hace unos días en un comunicado. Sin embargo, Todo indica que, esta vez, el Gobierno no se saldrá con la suya.

Y es que, PP, Vox y Junts ya han mostrado su intención de votar en contra en el Congreso, precisamente, para derribar el polémico decreto antidesalojos, lo que supondría una gran victoria para los terratenientes del país.

Daños a la propiedad privada

La intención del Ejecutivo de Sánchez era ampliar la prohibición de desahucios hasta 2026 de okupas e inquilinos morosos (inquiokupas) considerados «vulnerables». Esta dudosa calificación de vulnerabilidad está vigente desde 2020 y ha secuestrado las viviendas de decenas de miles de propietarios en nuestro país. causándoles graves daños económicos y psicológicos.

«Están intentando utilizar las pensiones como moneda de cambio, pero confío en que PP, Vox y Junts vayan a votar no, lo que pondrá fin a un decreto que obliga desde hace seis años a las familias a hacerse cargo de sus okupas que, en muchos casos eran falsamente vulnerables» comentar a LM el portavoz de esta plataforma.

«Muchos propietarios, en su mayoría particulares, han quebrado «tener que asumir el gasto que supone tener en su casa un okupa que además tiene que pagar la luz y el agua», señalan. Y «tampoco ha llegado la indemnización a los propietarios afectados aprobada el año pasado», añaden.

Él No al autobús del Gobierno supondría la reactivación de miles de desahucios paralizados desde 2020. Eso sí, Los desahucios no serían inmediatos y por la lentitud de la justicia en España Prolongaría la agonía por un tiempo. el golpe La seguridad jurídica y el mercado inmobiliario todavía tardarán en superarse.