MEDIOAMBIENTE FISCALIDAD | La factura de la sostenibilidad: adaptarse a los estándares cuesta 408 euros anuales a las empresas
Son conscientes de la importancia de adaptar su actividad a los nuevos estándares medioambientales, pero las empresas se llevan las manos a la cabeza cada vez que tienen que desembolsar el importe necesario para hacerlo. De media en España, cada empresa pagó 407,93 euros en impuestos ambientales en 2023, según los cálculos elaborados por el economista Javier Santacruz a partir de los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En conjunto, según las mismas cifras, el Estado recaudó 22.880 millones de euros en gravámenes ligados a la sostenibilidad. Es una cifra récord, por encima de los 20.868 millones recaudados en 2015, y que seguirá al alza por los mayores ingresos por derechos de emisión y la recuperación de los tributos sobre la electricidad que fueron aliviados por el Gobierno en el contexto de la crisis energética.
Pero esta situación no afecta por igual a todas las empresas. Santacruz calcula que el 0,83% de los impuestos que paga una empresa pequeña (es decir, que factura menos de dos millones de euros al año) son medioambientales, una cifra que aumenta hasta el 1,32% en el caso de una mediana (con unos ingresos por debajo de los 50 millones) y hasta el 5,05% para una de gran tamaño (que ingresa por encima de los 50 millones).
Las pymes, las más afectadas
Buena parte de los tributos ambientales son energéticos, como los hidrocarburos y la electricidad, que recaen directamente sobre los consumidores. Otros lo hacen sobre las empresas, que tratan de internalizar esos costes en sus precios y trasladarlos a los clientes. El problema aparece cuando no es posible: «Es habitual que la introducción de nuevos gravámenes ambientales haga perder competitividad a las empresas que se ven afectadas por ellos», señala el socio responsable del área de aduanas, impuestos especiales y fiscalidad ambiental de EY Abogados, Pedro González-Gaggero.
En este contexto, las pymes son las más afectadas por tener menor capacidad financiera para acometer las inversiones necesarias que reduzcan el impacto de estos impuestos. A esto se suman además las cargas administrativas y la inseguridad normativa, como ocurrió con el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables.
El director de economía y políticas sectoriales de Cepyme, Francisco Vidal, agrega que el riesgo derivado de la imposición creciente de este tipo de impuestos es la percepción política sobre ellos: «Cuando una figura impositiva genera grandes ingresos, el riesgo es que se transforme en recurrente por no querer renunciar a igualar o incrementar los ingresos«, explica. Por ejemplo, la previsión del Gobierno era recaudar 400 millones del impuesto de plásticos de un solo uso y 800 millones del impuesto sobre la contaminación y los recursos. Ambas cifras casi se doblaron al cierre del ejercicio.
La técnica del Servicio de Estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), perteneciente al Consejo General de Economistas, Raquel Jurado expone que los sectores «más perjudicados son aquellos con alta intensidad de emisiones de carbono o un fuerte consumo de recursos naturales». Aquellos ligados a la actividad industrial han sufrido la carga impositiva ambiental, especialmente el sector cementero. La industria agroalimentaria se enfrenta a un doble desafío: gravar ciertos materiales y, al mismo tiempo, aplicar las normativas medioambientales que reducen la durabilidad para transportar los productos.
Por último, y aunque tendrá mayor recorrido en los próximos años, el sector del transporte es uno de los grandes damnificados. El transporte marítimo se estrenó este año en el mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, algo que se repercutirá en los servicios prestados y que ya ha ocasionado que navieras como Maersk opten por puertos extracomunitarios.
Nuevos informes
A los impuestos nacionales se une el coste de adaptación a los nuevos estándares recogidos en la Directiva de Información de Sostenibilidad (CSRD) que procede de Bruselas. Sin embargo, el socio responsable del área de sostenibilidad de EY, Alberto Castilla, recuerda que no todos serán costes recurrentes y que el total representará menos del 1% de los gastos operativos.
Su aplicación será progresiva. Las grandes empresas con más de 500 empleados deberán presentar este año su primer informe de sostenibilidad del año anterior, las medianas se unirán a partir de 2026 y las pymes que coticen en bolsa lo harán en 2027. Las firmas de otros continentes con filiales o sucursales en la UE con más de 150 millones de euros de facturación deberán hacerlo a partir de 2029.
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